El nombramiento de secretarios de Estado como consejeros de Itaipú vulnera preceptos fundamentales de la Carta Magna, según advirtió el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, en Asunción. El jurista cuestionó la decisión adoptada por el mandatario Pedro Alliana al formalizar la incorporación de miembros del gabinete al cuadro directivo de la hidroeléctrica. Esta postura técnica reabre el debate institucional sobre la legalidad del Decreto N° 7243 y el régimen de inhabilidades vigente.
Las incompatibilidades para ser consejeros de Itaipú
El constitucionalista basó su análisis en el articulado de la Ley Suprema paraguaya para sostener la invalidez del acto administrativo. Explicó que los artículos 237 y 241 determinan con claridad que los ministros comparten las mismas restricciones impuestas al presidente de la República. Por este motivo, tienen vedado el desempeño de cualquier otra labor simultánea, sea de carácter público o privado, con o sin remuneración.
De acuerdo con las declaraciones del especialista, asumir un puesto en la administración de la binacional implica ejercer una labor totalmente distinta a la asignada a un ministerio. Al producirse esta duplicidad de funciones, la designación quiebra el esquema de incompatibilidades fijado en el texto fundamental. Por consiguiente, el decreto presidencial que oficializó estos nombramientos adolece de nulidad por contravenir la jerarquía constitucional paraguaya.
El alcance de la normativa ante el tratado binacional
Frente a las posturas jurídicas que intentan justificar la medida mediante el artículo 240, que faculta a la ley para delimitar las funciones ministeriales, Lezcano Claude sostuvo un criterio contrario. El jurista argumentó que cualquier ley promulgada por el Congreso debe subordinarse estrictamente a la supremacía de la Constitución Nacional. Por ende, ninguna legislación ordinaria posee la atribución de derogar prohibiciones consagradas en los estratos superiores de la pirámide legal.
Asimismo, el exministro puntualizó que el Parlamento no tiene facultades para relevar a los miembros del gabinete de comparecer a interpelaciones ni para eximirlos de refrendar decretos. El debate cobra mayor relevancia debido a la naturaleza jurídica del ente compartido con Brasil. Frecuentemente, el amparo en un tratado internacional se utiliza para eludir exigencias internas o restringir el acceso a informes públicos solicitados por la ciudadanía.
Antecedentes de la crisis directiva y reorganización oficial
La controversia legal coincide con un periodo de profunda reestructuración en el cuadro directivo de la represa hidroeléctrica compartida. Con anterioridad, otras figuras ministeriales ocuparon bancas como consejeros de Itaipú de forma paralela a sus carteras, práctica que concluyó tras recientes transformaciones políticas. En la nómina actual también fueron integrados el titular del Gabinete Civil y el expresidente Nicanor Duarte Frutos.
Este nuevo esquema de administración se implementa luego de investigaciones financieras que impactaron en la entidad por colocaciones millonarias en entidades bancarias insolventes. La discusión jurídica en curso no solo examina la validez de los decretos emitidos, sino que también pone bajo escrutinio los mecanismos de control que rigen sobre los recursos estratégicos de la binacional en el territorio nacional.
Datos clave
- Incompatibilidad legal: Los artículos 237 y 241 de la Constitución prohíben que los ministros desempeñen otros cargos públicos o privados.
- Decreto cuestionado: La advertencia jurídica apunta al Decreto N° 7243 que nombró a miembros del gabinete en la entidad hidroeléctrica.
- Supremacía constitucional: El experto remarcó que ninguna norma ordinaria puede anular las restricciones fijadas por la Carta Magna.
- Reestructuración: Los nombramientos se producen tras una profunda crisis en la conducción de la binacional y relevos en varias carteras.






