El Congreso de Honduras cerró el primer semestre de 2026 con un saldo de 786 iniciativas pendientes de resolución, a pesar de haber registrado un repunte en su actividad legislativa general en Tegucigalpa. Los datos provienen del informe semestral de Monitoreo Legislativo publicado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). El organismo no gubernamental contabilizó un total de 926 propuestas presentadas entre el 25 de enero y el 30 de junio, de las cuales únicamente 140 consiguieron aprobación final, lo que representa cerca del 15 % del total.
Frente a este balance, la organización de la sociedad civil planteó la necesidad de analizar el impacto de las normas más allá de las estadísticas cuantitativas. La especialista en Democracia y Procesos Electorales de la entidad, Emily Flores, cuestionó si la meta parlamentaria debe ser la cantidad o la calidad legislativa. La experta subrayó que la abundancia de documentos ingresados no garantiza respuestas efectivas a las demandas ciudadanas.
Baja efectividad en el Congreso de Honduras
El análisis institucional evidenció una marcada brecha entre la iniciativa individual de los parlamentarios y la aprobación efectiva de sus propuestas. De acuerdo con el relevamiento, los cinco diputados con mayor volumen de propuestas presentaron en conjunto 124 proyectos, pero solo cinco lograron completar el trámite legislativo favorable. Esta disparidad ratifica que la simple presentación de minutas no constituye un indicador fidedigno de productividad.
Por otra parte, la distribución temática de los proyectos sancionados mostró una concentración específica en ciertas carteras estatales. El sector de infraestructura y transporte encabezó la agenda con 28 decretos aprobados, seguido por el área de salud con 18 y el segmento de economía y finanzas con 12 normativas. En contraste, sectores considerados neurálgicos registraron escasa producción: se computaron seis iniciativas en educación, seis en seguridad y solamente dos en empleo.
Asistencia parlamentaria y sanciones aplicadas
Durante el semestre examinado, el plenario legislativo celebró 62 sesiones ordinarias con una duración promedio de 3,7 horas por convocatoria. El nivel de asistencia de los representantes alcanzó el 98,9 %, una tasa históricamente elevada que se vinculó a la aplicación efectiva de penalidades monetarias. La normativa interna castigó económicamente a quienes se ausentaron de forma injustificada.
En total, se aplicaron deducciones salariales por 713.000 lempiras, suma equivalente a unos 26.589 dólares, a 48 congresistas que faltaron sin el debido justificativo reglamentario. No obstante, los analistas de la sociedad civil remarcaron que el cumplimiento del horario no subsana el bajo índice de dictámenes definitivos sobre problemas prioritarios del país.
Cuestionamientos al manejo de fondos y falta de transparencia
El documento técnico de la entidad civil también puso la lupa sobre el uso de recursos públicos destinados a subsidios y partidas asistenciales. Se identificó la erogación de 82,6 millones de lempiras, equivalentes a casi 3,1 millones de dólares, ejecutados bajo el concepto de ayudas sociales sin la debida rendición de cuentas pública. Las solicitudes formales de información sobre beneficiarios y criterios de asignación no obtuvieron respuestas completas por parte de las autoridades.
El director ejecutivo de la organización, Carlos Hernández, advirtió que el Congreso de Honduras debe fortalecer su papel institucional de contrapeso frente al Poder Ejecutivo. El dirigente instó a los parlamentarios a revisar con mayor rigurosidad los pedidos de deuda pública, los estados de emergencia y las reasignaciones presupuestarias, orientando las prioridades hacia la salud, el trabajo y la educación con mediciones verificables.
Datos clave
- Bajo porcentaje de sanción: De 926 proyectos ingresados, solo 140 obtuvieron sanción definitiva y 786 quedaron pendientes.
- Descuentos por ausencias: Se descontaron 713.000 lempiras a 48 diputados por inasistencias injustificadas a las sesiones.
- Dudas sobre fondos sociales: La ASJ denunció opacidad en la entrega de 82,6 millones de lempiras destinados a ayudas directas.
- Sectores postergados: Las áreas de empleo, educación y seguridad tuvieron un número marginal de proyectos aprobados.
