El intento de congelar cargos públicos en las instituciones del Estado paraguayo quedó frenado en la Cámara de Diputados tras una sesión que concluyó sin una definición concreta. La propuesta fue presentada por el legislador Rubén Rubin con la intención de restringir nuevas incorporaciones durante un período de dos años. Ante la falta de consensos entre oficialistas y opositores, la reunión plenaria se levantó de manera abrupta por falta de cuórum.
La propuesta para congelar cargos públicos en el Estado
La iniciativa legislativa planteaba suspender por 24 meses la apertura de nuevos puestos y la reposición de vacancias en dependencias administrativas consideradas no esenciales. No obstante, el texto excluía de esta medida restrictiva a sectores prioritarios como educación, salud y seguridad. Según explicó su autor, la meta consistía en disminuir gradualmente el número de funcionarios estatales sin recurrir a despidos masivos.
Para Rubin, una parte considerable de los ingresos a la función estatal obedece a lealtades partidarias en lugar de responder a una necesidad de gestión. El parlamentario estimó que uno de cada tres funcionarios incorporados al aparato público desempeña funciones de las cuales el Estado podría prescindir. En sus cálculos expuestos ante el plenario, anualmente surgen cerca de 10.000 vacantes que representan una oportunidad para ordenar la estructura gubernamental.
El proyectista detalló que en el último bienio se identificaron 18.486 vacancias, asociadas a una erogación presupuestaria que llegó a 87.852 millones de guaraníes. Aplicar una suspensión temporal a dichas contrataciones permitiría conseguir un ahorro de aproximadamente 47.000 millones de guaraníes. Este monto, según propuso el legislador, debería redireccionarse para dotar de mayores recursos a escuelas, centros asistenciales y comisarías de todo el país.
Debate parlamentario y posturas contrarias en la Cámara Baja
Rubin también fundamentó su postura recordando las reiteradas denuncias sobre presunto planillerismo en distintas oficinas del Estado. A su juicio, estos casos evidencian una urgente necesidad de fiscalizar los contratos y transparentar la administración de los recursos humanos públicos. Sin embargo, varios representantes de la bancada del Partido Colorado expresaron su disconformidad con la idea de congelar cargos públicos sin una evaluación previa.
El diputado oficialista Alejandro Aguilera calificó la propuesta de populista y advirtió que una restricción generalizada perjudicaría servicios esenciales. Señaló que cada año ingresan entre 8.000 y 9.000 personas al sector público, muchas de ellas para funciones indispensables en hospitales, escuelas y comisarías. Por esa razón, sostuvo que el Congreso debe orientarse a mejorar la calidad del gasto antes que imponer bloqueos de personal.
A las objeciones se sumó el diputado Hugo Meza, quien descartó que el Estado cuente con una nómina desproporcionada en comparación con la región. Meza recordó que diversos estudios internacionales sitúan a Paraguay entre las naciones con menor porcentaje de asalariados públicos. Asimismo, remarcó que las contrataciones no corresponden exclusivamente a su agrupación partidaria y pidió analizar las necesidades particulares de cada institución.
Por otro lado, el diputado Antonio Buzarquis intervino para señalar que la administración pública presenta realidades muy diversas. Mencionó que se deben contemplar las particularidades de quienes están en etapa de jubilación, las condiciones contractuales desiguales y las brechas salariales existentes entre los funcionarios.
Falta de cuórum y postergación del debate legislativo
Al constatar que no existía el respaldo mayoritario para aprobar la normativa, el diputado Rubin solicitó postergar el tratamiento del tema por un plazo de 15 días. Desde el oficialismo, en cambio, surgieron mociones para dilatar el debate por 30 días o remitir el proyecto directamente al archivo. La discrepancia sobre el destino del documento desató una extensa deliberación en la sala.
Ante el estancamiento de las conversaciones, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ordenó verificar la cantidad de parlamentarios presentes en el recinto. La comprobación confirmó que no se alcanzaba el número reglamentario para continuar deliberando, por lo que la presidencia levantó la sesión ordinaria. De este modo, la iniciativa para congelar cargos públicos permaneció sin dictamen definitivo.
La mesa directiva no fijó una fecha para retomar las discusiones, ya que la Cámara Baja no tendrá sesión la próxima semana. La reincorporación del proyecto al orden del día dependerá de las negociaciones de las bancadas y de la decisión que adopten las autoridades de la mesa directiva. El debate sobre el gasto público y la estructura estatal seguirá pendiente en la agenda política paraguaya.
Datos clave
- Alcance de la medida: El proyecto buscaba suspender por dos años la cobertura de vacancias no esenciales, protegiendo salud, educación y seguridad.
- Ahorro proyectado: El diputado Rubén Rubin calculó que la suspensión permitiría ahorrar cerca de 47.000 millones de guaraníes.
- Argumentos de la oposición: El oficialismo colorado rechazó la propuesta al considerarla populista y defendió que Paraguay tiene baja proporción de empleados públicos en la región.
- Desenlace en el pleno: La sesión presidida por Raúl Latorre se levantó por falta de cuórum y el documento quedó sin fecha de tratamiento.
