Una serie de medidas para sancionar conflictos de intereses fue presentada formalmente ante el Congreso Nacional por las máximas autoridades de la Contraloría General de la República en Asunción. La iniciativa legislativa contempla dos propuestas que buscan restablecer normativas de control patrimonial y dotar al órgano de herramientas modernas de fiscalización.
El contralor general, Camilo Benítez, acompañado por el subcontralor Armindo Torres, entregó ambos documentos al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Los textos pretenden rectificar la flexibilización legal aplicada a inicios de este periodo gubernamental e introducir reformas profundas en la estructura funcional de la entidad contralora.
El retorno de las trabas a las puertas giratorias
El primer anteproyecto tiene como objetivo principal derogar la Ley N.º 7236/2024, aprobada recientemente por el Congreso para modificar la Ley N.º 7089/2023. Aquella norma sancionada en 2023 establecía mecanismos precisos de prevención, corrección y castigo para las situaciones donde surgían dudas sobre la imparcialidad de las autoridades.
Con la reforma que promovió la mayoría oficialista, el marco legal perdió solidez operativa. El nuevo proyecto pretende reactivar dos salvaguardas clave: las inhabilidades temporales tras dejar cargos públicos y la inclusión obligatoria del grupo familiar en los controles preventivos.
La intención oficial apunta a que exmiembros del Directorio del Banco Central del Paraguay, junto con los superintendentes de Bancos, Seguros y Valores, tengan una prohibición de dos años para sumarse a entidades supervisadas o corporaciones de su mismo conglomerado financiero.
Nueva carta orgánica institucional
El segundo proyecto plantea una reforma integral a la Ley Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República. De acuerdo con los fundamentos remitidos al Poder Legislativo, el organismo auditor experimenta trabas normativas que limitan su capacidad para intervenir oportunamente ante denuncias de corrupción administrativa.
Entre las innovaciones pretendidas figura la facultad de acceder a información de entes estatales en tiempo real y en formatos electrónicos. También se solicita respaldo para aplicar sanciones económicas directas a los funcionarios remisos y utilizar analítica de datos e inteligencia artificial con garantías de trazabilidad y supervisión humana obligatoria.
El esquema procura que los exámenes de correspondencia sobre declaraciones juradas se puedan realizar con un solo documento patrimonial durante el ejercicio de la función. Esto evitará aguardar hasta la desvinculación definitiva para determinar incrementos patrimoniales sospechosos.
Respuestas ante cuestionamientos y crisis
La presentación de estos proyectos se produce en un escenario de creciente presión política y ciudadana sobre la labor fiscalizadora en el país. Distintos sectores legislativos han señalado demoras previas de la institución para detectar inconsistencias patrimoniales y vínculos incompatibles en altas esferas gubernamentales.
Frente a estas críticas, el contralor afirmó que el actual contexto demanda acciones inmediatas y coordinadas de todas las entidades republicanas para deslindar responsabilidades. Por ello, la propuesta incluye remitir informes a la Procuraduría General de la República para promover demandas civiles destinadas a recuperar fondos del erario.
El plan busca además que la entidad ejerza la rectoría sobre el Régimen Nacional de Integridad, reforzando la vigilancia contra potenciales conflictos de intereses en contrataciones del Estado.
Datos clave
- Derogación solicitada: La iniciativa busca dejar sin efecto la Ley N.º 7236/2024 para restituir el texto original que previene los conflictos de intereses en el Estado.
- Inhabilidad bancaria: Se propone prohibir por dos años que exreguladores financieros pasen a trabajar en bancos o empresas supervisadas.
- Control digital: La nueva ley orgánica habilitará el acceso a datos públicos en tiempo real y el uso de inteligencia artificial para auditar bienes.
- Recuperación patrimonial: Los casos de presunto enriquecimiento ilícito serán derivados a la Procuraduría para el cobro civil de fondos públicos.
