El nuevo episodio vinculado a las confiscaciones en Nicaragua registró una inesperada rectificación estatal tras iniciarse la entrega de llaves a ciudadanos norteamericanos en el municipio de Tola. Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social comenzaron este procedimiento a mediados de octubre, luego de denuncias públicas sobre la ocupación forzada de residencias costeras. La medida beneficia a jubilados que poseían inmuebles en playa Gavilán y que habían perdido el control de sus terrenos semanas atrás.
El despojo de residencias en el departamento de Rivas
La Procuraduría General de la República ejecutó la toma de nueve residencias vacacionales a finales de agosto, aprovechando la ausencia temporal de sus propietarios extranjeros. Estas edificaciones de lujo fueron trasladadas formalmente al patrimonio de la seguridad social bajo la figura jurídica de donación. Los encargados de cuidar los recintos recibieron órdenes directas de desocupar las instalaciones por parte de supuestos inspectores estatales.
Los afectados utilizaban estos espacios para estadías durante los meses de invierno o para el descanso de allegados. Durante los reclamos formales en la capital nicaragüense, un funcionario del ente previsional planteó cobrar dos mil dólares mensuales de alquiler a los legítimos constructores para permitirles habitar sus propias casas. Dicha alternativa fue rechazada de plano por los afectados ante la falta de sustento legal.
La política de confiscaciones en Nicaragua y sus alcances
El marco de las confiscaciones en Nicaragua generó severos perjuicios económicos estimados en quince millones de dólares para esta comunidad costera. Las viviendas fueron edificadas entre los años 2000 y 2010 mediante el amparo de la Ley de Zonas Costeras. Cada titular abonaba un canon anual fijado en mil dólares a la administración municipal de Tola mientras costeaba infraestructuras con paneles solares y piscinas.
Registros periodísticos locales revelan que al menos trescientas setenta y cuatro propiedades pasaron a manos del instituto de pensiones en los últimos años. Si bien el aparato gubernamental aplicó este esquema contra opositores políticos, religiosos y medios de prensa locales, nunca antes había avanzado sobre patrimonios de origen extranjero. Este precedente marca una llamativa excepción en las confiscaciones en Nicaragua, donde únicamente los reclamos estadounidenses han logrado restituciones efectivas.
Tensión diplomática con Estados Unidos y antecedentes
El Departamento de Estado de los Estados Unidos lamentó lo sucedido y denunció que el régimen sandinista pisotea de manera reiterada la seguridad jurídica. La crisis bilateral se profundizó tras el rechazo diplomático a la embajadora designada Natasha Franceschi, lo que forzó la salida a consultas del encargado de negocios Elias Baumann. Estas fricciones suceden tras sanciones previas a familiares directos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Meses atrás, la administración nicaragüense ya había devuelto una compañía minera a un inversionista de doble nacionalidad estadounidense y británica. Para los analistas de la región, el respeto selectivo hacia activos estadounidenses refleja el temor a nuevas represalias económicas de la Casa Blanca, mientras la ciudadanía local continúa despojada de sus derechos fundamentales.
Datos clave
- Devolución sorpresiva: El ente de seguridad social restituyó viviendas de lujo ocupadas a finales de agosto a jubilados estadounidenses en el sector de Tola.
- Pérdidas millonarias: Los afectados calculan perjuicios por quince millones de dólares entre obras de infraestructura, mejoras costeras y enseres domésticos sustraídos.
- Doble estándar jurídico: Ciudadanos de Estados Unidos son los únicos beneficiados con restituciones de bienes, mientras cientos de opositores nicaragüenses siguen sin recuperar su patrimonio.
- Escalada bilateral: Washington retiró temporalmente a su principal representante diplomático en Managua tras el veto a la embajadora confirmada por el Senado.
