La denominación de práctica 29 generó una intensa controversia en República Dominicana tras la muerte reciente de un prófugo durante un procedimiento de la Policía Nacional en el Distrito Nacional. El suceso reavivó los cuestionamientos de juristas y defensores de derechos humanos sobre las circunstancias en que presuntos delincuentes pierden la vida en supuestos intercambios de disparos. Desde la institución policial sostienen que sus integrantes solo abrieron fuego para repeler agresiones armadas.
El caso de Lucifer y las grabaciones en la vía pública
La discusión cobró fuerza luego del fallecimiento de Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido con el alias de Lucifer, en el sector Ensanche La Paz. El hombre, a quien las autoridades buscaban por supuestos robos y atracos reiterados, cayó abatido por una patrulla mientras transitaba a pie por una calle de la zona.
Diversas grabaciones difundidas en plataformas digitales registraron el instante en que el sospechoso terminó en el suelo tras recibir impactos de bala. Posteriormente, efectivos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos procedieron a subir su cuerpo a un vehículo oficial.
Qué implica la práctica 29 y las sospechas de abusos
El término informal práctica 29 alude a las muertes de prófugos requeridos por los tribunales que las autoridades reportan como resultado de enfrentamientos a tiros. Aunque esta frase no figura en los reglamentos ni en la doctrina formal de la Policía Nacional, sectores sociales la emplean para denunciar posibles ejecuciones extrajudiciales.
Quienes critican estos operativos sostienen que la reiteración de casos pone en duda si los agentes respetan los principios de proporcionalidad, estricta necesidad y garantías del debido proceso. La preocupación se agravó al registrarse al menos 21 presuntos delincuentes fallecidos en supuestas confrontaciones armadas durante octubre en diferentes localidades del territorio dominicano.
Postura oficial del Gobierno y cifras de entregas voluntarias
Frente a la escalada de cuestionamientos, el vocero policial Diego Pesqueira negó que la institución imparta directivas para atentar contra la integridad de personas requeridas. El funcionario remarcó que las fuerzas del orden actúan de manera proporcional únicamente cuando sufren agresiones directas, al tiempo que garantizan el debido proceso para quienes se pongan a disposición judicial.
En esa misma línea, el presidente de la República, Luis Abinader, realizó exhortaciones públicas a los prófugos para que decidan entregarse de forma pacífica. Según datos provistos por la propia fuerza de seguridad, más de 240 personas requeridas acudieron voluntariamente ante las autoridades para someterse a los tribunales correspondientes.
Contexto institucional y debate sobre la fuerza pública
La controversia en torno a la práctica 29 y los operativos policiales fatales suele generar amplia repercusión en la región, donde las fuerzas de seguridad enfrentan el desafío de combatir el crimen sin vulnerar los derechos humanos fundamentales. La actuación de cuerpos de investigación se encuentra bajo la mirada de organizaciones civiles que reclaman pesquisas independientes para esclarecer cada episodio.
Mientras el Gobierno dominicano insiste en que las sedes policiales permanecen abiertas para recibir a sospechosos sin violencia, diversos juristas demandan auditorías exhaustivas. La discusión central radica en asegurar que la respuesta estatal ante el delito no sobrepase los límites que fija la legislación procesal penal vigente.
Datos clave
- Muerte en procedimiento: Aneury Santiago Cabrera Estévez falleció tras recibir disparos policiales en una calle del Distrito Nacional.
- Origen del término: La denominación alude de forma crítica a fallecimientos de requeridos judiciales en supuestos tiroteos.
- Cifra bajo la lupa: Registros periodísticos documentan al menos 21 sospechosos muertos durante enfrentamientos armados en octubre.
- Respuesta institucional: La Policía descartó órdenes de eliminar sospechosos e informó más de 240 entregas voluntarias.
