Los concejales de Carapeguá reiteraron un pedido formal de informe al intendente Luciano Cañete Galeano ante la falta de pago de sus haberes durante más de seis meses. La solicitud legislativa fue aprobada durante la última sesión ordinaria del cuerpo deliberativo distrital. El reclamo obedece a un retraso generalizado en el desembolso de dietas y remuneraciones que igualmente afecta al personal operativo de la institución comunal.
Reclamos financieros a la intendencia saliente
La concejala Margarita Miró, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico, planteó ante el pleno la necesidad urgente de exigir las planillas completas de desembolsos al Ejecutivo municipal. El documento peticionado busca contrastar el historial de pagos de las autoridades legislativas frente al registro salarial percibido por el intendente Luciano Cañete.
De acuerdo con los datos expuestos durante el debate, la administración acumula compromisos pendientes por más de 60 millones de guaraníes solamente con el colegiado. En la actualidad, la asignación reglamentaria de cada edil alcanza los 6.150.000 guaraníes mensuales. Dicha cifra se compone de 4.150.000 guaraníes en concepto de dieta y 2.000.000 de guaraníes fijados como gastos de representación.
Concejales de Carapeguá denuncian trato desigual
Varios miembros del cuerpo colegiado expresaron su preocupación ante un eventual criterio arbitrario en la distribución de los recursos disponibles. Entre los afectados por la falta de transferencias se encuentran la titular de la Junta Municipal, Rosa Ramos, el legislador Enrique González Quintana y la propia Margarita Miró.
Los concejales de Carapeguá argumentaron que desconocen el destino final de las recaudaciones tributarias percibidas por la comuna en los últimos meses. La inquietud se acentúa porque el personal municipal también soporta atrasos de dos meses en sus salarios correspondientes. Ante este panorama, los ediles advirtieron que evalúan recurrir ante la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Marco legal y postura de la administración comunal
El reclamo legislativo se sustenta jurídicamente en las disposiciones de la Ley 6784 del año 2021, normativa que introdujo modificaciones a los artículos 27 y 28 de la Ley 3966 Orgánica Municipal. Este marco legal garantiza que las retribuciones asignadas a las autoridades municipales no sufran postergaciones injustificadas ni recortes arbitrarios durante el ejercicio de sus funciones públicas.
Por su parte, la administradora de la comuna, Silvia Orrabalis, explicó que la institución experimenta una disminución severa en la captación de recursos genuinos desde el mes de agosto. Según la funcionaria contable, los ingresos actuales resultan insuficientes para atender la totalidad de las obligaciones presupuestadas, lo que obligó a priorizar la cancelación de compromisos con los proveedores locales.
Transición institucional en el noveno departamento
La crisis financiera municipal se presenta en un momento clave de recambio administrativo dentro del departamento de Paraguarí. Para los concejales de Carapeguá, la transparencia en el cierre del balance comunal resulta prioritaria para garantizar una transición ordenada entre los distintos periodos de gobierno local.
El intendente electo de la ciudad, Juan Aurelio Bobadilla, perteneciente a la Alianza Juntos por Carapeguá, deberá asumir próximamente la conducción del municipio. La intención expresada por el equipo administrativo saliente apunta a evitar que la próxima administración deba cargar con un pasivo abultado que comprometa la ejecución de obras públicas esenciales.
Datos clave
- Monto acumulado: La deuda con los ediles supera los 60 millones de guaraníes tras seis meses sin cobrar dietas.
- Sueldos congelados: Cada concejal tiene asignada una retribución mensual de 6.150.000 guaraníes en el presupuesto.
- Trabajadores perjudicados: El personal municipal dependiente acumula hasta dos meses de atraso en el cobro de salarios.
- Argumento oficial: La administración comunal sostiene que la falta de recursos obedece a una caída recaudatoria desde agosto.
