La comunidad indígena Tekoha Yapo, situada en el distrito de Nueva Esperanza del departamento de Canindeyú, enfrenta una crítica situación de violencia y hostigamiento constante, según denunció la Pastoral Indígena Espíritu Santo. La organización eclesiástica manifestó su profunda preocupación por las reiteradas incursiones violentas que amenazan la integridad de los pobladores y vulneran la tranquilidad de familias enteras en la zona oriental del país.
Este pronunciamiento surge tras una serie de episodios violentos que afectaron gravemente la convivencia pacífica de la población local. Los representantes religiosos exigieron que las autoridades estatales intervengan con imparcialidad y garanticen la vigencia de los derechos constitucionales que amparan a los pueblos originarios.
Denuncia de incursiones y violencia en la comunidad indígena Tekoha Yapo
El reporte emitido por la pastoral dependiente de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo detalla que el pasado 14 de agosto se produjo una violenta irrupción en el territorio comunitario. Según el documento, un contingente de civiles armados ingresó al predio en vehículos y con apoyo de helicópteros sin exhibir orden judicial alguna.
Durante este violento operativo se produjo la detención y posterior muerte de dos integrantes del asentamiento, identificados como Antonio Carrillo y el docente Catalino Correa. Ante la gravedad de lo ocurrido, las organizaciones eclesiales reclamaron la apertura inmediata de una investigación independiente, rigurosa y transparente que permita individualizar a los responsables de ambas ejecuciones.
Asimismo, los denunciantes cuestionaron la supuesta colaboración de efectivos pertenecientes a las Fuerzas de Tarea Conjunta en los hostigamientos. De acuerdo con el comunicado, las fuerzas de seguridad utilizarían como pretexto la búsqueda de alias Macho para amedrentar a la población y propiciar su salida forzada del territorio ancestral.
Conflicto de tierras y pánico en el entorno educativo
El trasfondo del conflicto responde a un litigio territorial de larga data sobre una superficie de 11.098 hectáreas que se encuentra debidamente delimitada y amojonada. La comunidad indígena Tekoha Yapo cuenta con personería jurídica reconocida por las instituciones oficiales y dispone de una infraestructura social integrada por cinco escuelas primarias, dos colegios secundarios y un puesto asistencial de salud.
Sin embargo, las tierras comunales sufren constantes reclamos por parte de la firma denominada Estancia Americana, lo que desencadenó un escenario de hostilidad permanente. La presión de intereses privados sobre estas hectáreas mantiene en zozobra a los habitantes, quienes exigen el respeto de los títulos y las delimitaciones aprobadas por el propio Estado paraguayo.
Esta situación de zozobra repercute directamente en los sectores más vulnerables de la población originaria. Los sobrevuelos de aeronaves a baja altura coinciden frecuentemente con los horarios de recreo escolar, provocando pánico generalizado entre los niños y los docentes de las instituciones educativas del asentamiento.
Garantías constitucionales y reclamo de protección estatal
Frente al avance del hostigamiento en la comunidad indígena Tekoha Yapo, la pastoral exhortó a los órganos de justicia a tomar medidas de protección efectivas e inmediatas. La organización recordó que la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales ratificados por Paraguay obligan al Estado a preservar las tierras ancestrales y resguardar la vida de los pueblos nativos.
La intervención de los organismos competentes resulta clave para evitar mayores escaladas de violencia en el departamento de Canindeyú. La sociedad civil espera una respuesta institucional clara que deslinde responsabilidades y garantice el cese de las intimidaciones armadas contra este sector campesino e indígena.
Datos clave
- Ubicación y reclamo: La comunidad abarca 11.098 hectáreas tituladas en Nueva Esperanza que son pretendidas por la empresa Estancia Americana.
- Hechos denunciados: Un grupo armado ingresó sin orden judicial el 14 de agosto con apoyo de helicópteros y vehículos blindados.
- Víctimas fatales: Exigen esclarecer las muertes del docente Catalino Correa y de Antonio Carrillo tras ser detenidos.
- Impacto escolar: Los sobrevuelos a baja altura sobre cinco escuelas primarias y dos colegios secundarios generan zozobra en los alumnos.
