El avance del caso Zenaida Delgado sumó una postura contundente en el Congreso tras las declaraciones del senador Rafael Filizzola. El parlamentario afirmó este viernes en Asunción que existen pruebas suficientes sobre el presunto esquema de aprietes económicos a funcionarios para impulsar el proceso de pérdida de investidura. Delgado, legisladora perteneciente a la bancada oficialista del Partido Colorado, enfrenta acusaciones por supuestas retenciones salariales indebidas que habrían alcanzado 100 millones de guaraníes.
Cuestionamientos y contratos en el caso Zenaida Delgado
Filizzola calificó como escandaloso el presunto mecanismo de coerción ejercido sobre el personal dependiente de la Cámara Alta. De acuerdo con las denuncias presentadas, varias funcionarias habrían sido forzadas a contraer préstamos bancarios para transferir fondos a la legisladora. El parlamentario del Partido Democrático Progresista sostuvo que los testimonios y los registros documentales constituyen indicios concluyentes en el caso Zenaida Delgado que el pleno no puede pasar por alto.
La controversia también involucra a la entidad binacional Itaipú, donde la pareja sentimental de Delgado habría percibido cerca de 500 millones de guaraníes por contratos de servicios. Según Filizzola, el beneficiario carecía de las cualificaciones técnicas necesarias para ejercer dichas funciones en la hidroeléctrica. Debido a ello, reclamó una investigación rigurosa para individualizar a las autoridades que autorizaron y firmaron esos convenios dentro de la institución.
Cantidad de funcionarios y estrategia de la defensa
Otro punto central del debate legislativo guarda relación con la desproporcionada cantidad de colaboradores asignados a la senadora investigada. Delgado cuenta con diecisiete dependientes directos en el Congreso, una cifra considerada fuera de toda normalidad por sus colegas de la oposición. Filizzola contrastó esta situación con su propio equipo de trabajo, indicando que en su oficina únicamente prestan servicios dos asesores que ya pertenecían al plantel institucional en periodos anteriores.
Frente a este escenario, la defensa legal asumida por el abogado Óscar Tuma adelantó que presentará su descargo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales el próximo lunes. La defensa de la congresista colorada rechazó las irregularidades atribuidas y aseguró haber alcanzado un entendimiento previo con las funcionarias que impulsaron los reclamos. Tras escuchar a las partes, dicho órgano asesor elaborará un dictamen que será evaluado por la plenaria de la Cámara de Senadores.
Reglas de expulsión y pedido de resguardo para denunciantes
La Constitución Nacional de Paraguay prevé en su artículo 201 el mecanismo de pérdida de investidura por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Este procedimiento sanciona a los parlamentarios que utilicen su posición de poder para obtener ventajas personales o patrimoniales indebidas. En ese marco, la definición sobre el caso Zenaida Delgado sentará un precedente relevante respecto al control ético y disciplinario dentro del Poder Legislativo.
Filizzola advirtió además sobre la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedan los empleados estatales al reportar abusos de sus superiores jerárquicos. El legislador señaló la ausencia de leyes efectivas para proteger a denunciantes y planteó medidas cautelares inmediatas a la Presidencia del Senado. Entre las alternativas propuestas figuran conceder permisos especiales o establecer modalidades de trabajo a distancia para resguardar a las funcionarias mientras culmine el proceso.
Datos clave
- Evidencias expuestas: El senador Rafael Filizzola sostuvo que los testimonios y documentos existentes justifican retirar la investidura a la parlamentaria.
- Sumas bajo sospecha: Las denuncias abarcan retenciones de salarios por hasta 100 millones de guaraníes y contratos en Itaipú por 500 millones de guaraníes.
- Audiencia en comisión: La Comisión de Asuntos Constitucionales fijó para este lunes la comparecencia de la legisladora y su abogado Óscar Tuma.
- Protección a denunciantes: La bancada opositora solicitó licencias o trabajo remoto para evitar represalias laborales contra los funcionarios afectados.
