El Senado aprobó la creación de una comisión especial para investigar la supuesta adjudicación irregular de valiosas tierras del Chaco, tras una grave denuncia presentada durante la última sesión ordinaria. La iniciativa legislativa busca esclarecer la transferencia exprés de aproximadamente 64.000 hectáreas públicas situadas en el departamento de Boquerón. La propuesta recibió el respaldo de diversas bancadas partidarias luego de que se expusieran presuntas anomalías documentales.
La denuncia formal fue expuesta ante el pleno por el senador Líder Amarilla, quien detalló que las propiedades afectadas se encuentran en las inmediaciones del Parque Nacional Médanos del Chaco. Según la documentación exhibida por el parlamentario, los trámites de titulación a favor de terceros se completaron en apenas dos meses y ocho días. Esta llamativa celeridad administrativa encendió las alarmas dentro del Congreso sobre la legalidad de los procedimientos aplicados.
Los alcances de la denuncia parlamentaria
De acuerdo con los datos presentados por Amarilla, la maniobra se basaría en la utilización de títulos antiguos a los que supuestamente se les modificaron las coordenadas geográficas originales. De esa manera, los involucrados habrían logrado hacer figurar inmuebles fiscales como posesiones privadas debidamente reconocidas. El congresista afirmó que estas maniobras constituyen una despatrimonialización fraudulenta en perjuicio directo del Estado paraguayo.
El legislador también señaló que varias personas que aparecen vinculadas a los pedidos de estas fincas registrarían antecedentes judiciales y procesos abiertos en los tribunales del país. Por este motivo, solicitó que la Fiscalía intervenga de oficio para abrir una causa penal orientada a desarticular una probable asociación criminal. Las acusaciones expuestas durante el debate legislativo deberán ser corroboradas por las instancias judiciales correspondientes.
Cuestionamientos hacia el Indert y el RUN
Durante su intervención, el legislador cuestionó la pasividad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra ante estas presuntas maniobras con el patrimonio público. Amarilla remarcó que el ente rector del régimen agrario debió alertar y frenar cualquier intento de privatización indebida de inmuebles que pertenecen al dominio estatal. Asimismo, la exposición puso bajo la lupa al Registro Unificado Nacional por convalidar las polémicas inscripciones.
Las dudas sobre los controles catastrales apuntan a la falta de verificación técnica entre las coordenadas reales y los documentos notariales presentados. Los senadores Gustavo Leite y Sergio Rojas acompañaron la moción y enfatizaron la gravedad de admitir superposiciones de inmuebles sin auditorías rigurosas. Rojas advirtió que la manipulación de planos y coordenadas es una práctica recurrente que amenaza la seguridad jurídica en todo el territorio.
Sospechas sobre el despojo de tierras del Chaco
El legislador explicó que el presunto esquema para adueñarse de estas tierras del Chaco consistiría en valerse de vacíos institucionales y complicidades administrativas para inscribir propiedades de alto valor. La preservación de las tierras del Chaco resulta crucial debido al valor ecológico y productivo que representa la región occidental, especialmente en áreas limítrofes con zonas de reserva natural protegidas por leyes nacionales.
La comisión investigadora estará conformada por seis miembros titulares designados por la Presidencia de la Cámara Alta en consulta con las diferentes bancadas. El equipo de trabajo tendrá un plazo operativo de 180 días prorrogables para emitir su informe final ante el pleno legislativo. La resolución además faculta a los miembros a suscribir acuerdos con organismos nacionales e internacionales y a remitir sus conclusiones a la Fiscalía.
Datos clave
- Denuncia formal: El senador Líder Amarilla alertó sobre la titulación irregular de unas 64.000 hectáreas en Boquerón en dos meses y ocho días.
- Mecanismo denunciado: La supuesta maniobra utilizaba títulos antiguos con coordenadas geográficas modificadas para apropiarse de fincas del Estado.
- Instituciones bajo la lupa: El Congreso cuestionó los controles del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra y del Registro Unificado Nacional.
- Comisión de investigación: Se conformó un equipo parlamentario de seis miembros con un plazo de 180 días para investigar y elevar denuncias penales.
