El caso Zenaida Delgado sumó un nuevo capítulo de tensión tras la rotunda negativa de las denunciantes a suscribir un entendimiento extrajudicial. Lidia González, exfuncionaria del Poder Legislativo, aclaró públicamente que jamás aceptó el borrador planteado desde un estudio jurídico particular. La afectada sostiene que el documento pretendía imponer condiciones abusivas para silenciar las acusaciones sobre un presunto esquema de cobro irregular de haberes.
La versión contradictoria sobre el pacto notarial
La controversia estalló luego de que el abogado Óscar Tuma declarara ante medios de prensa que la parlamentaria oficialista, su expareja Gustavo Vera y las trabajadoras del Congreso habían acordado un documento notarial privado. Conforme al relato del letrado, dicho texto buscaba salvaguardar la intimidad de las personas involucradas y contener la divulgación de aspectos correspondientes al ámbito personal o sentimental.
De acuerdo con la explicación brindada por el profesional del derecho, el documento no implicaba transferencias monetarias ni cancelaba eventuales procesos ante la Justicia por la presunta recaudación ilegal en el despacho legislativo. Sin embargo, esta postura fue rápidamente desmentida por las extrabajadoras parlamentarias, quienes manifestaron que la propuesta real distaba ampliamente de una simple reserva sobre la privacidad personal.
Supuesta exigencia de eliminar mensajes de WhatsApp
Al concurrir a la oficina jurídica para revisar las pautas del convenio, las denunciantes descubrieron cláusulas que consideraron inaceptables para sus derechos. González detalló que, inmediatamente después de que ellas abandonaran el recinto sin estampar sus firmas, la legisladora habría pedido a los intermediarios la retención de los aparatos telefónicos. El propósito de esta exigencia era someter los equipos a un perito privado para eliminar chats que contienen evidencias fundamentales.
Dichas conversaciones de mensajería documentarían supuestas transferencias forzadas y recortes salariales indebidos cometidos dentro de la oficina de la legisladora. La denunciante remarcó que las conversaciones constituyen pruebas irrefutables que no pueden ser borradas sin comprometer la búsqueda de justicia en la sede jurisdiccional competente. Por tales motivos, consideró la exigencia como una maniobra orientada a obstaculizar la investigación de los hechos.
Cláusulas de censura y consecuencias legales
El borrador rechazado también contenía prohibiciones severas sobre la posibilidad de acudir a los órganos judiciales o realizar declaraciones públicas. La exfuncionaria señaló que el texto exigía renunciar expresamente al derecho de iniciar querellas o demandas contra la parlamentaria. Asimismo, el pacto contemplaba una mordaza absoluta para impedir que los detalles del conflicto llegaran al conocimiento de la ciudadanía a través de los medios masivos de comunicación.
Ante semejantes requerimientos, González adelantó que retirará la representación a su abogado para garantizar una defensa firme y transparente de sus intereses. Además, ratificó que no retrocederá en su reclamo legal ante el Ministerio Público, desestimando cualquier salida privada que condicione el esclarecimiento pleno de la denuncia por presunto cobro de peaje salarial en las dependencias públicas.
La negativa al acuerdo en el caso Zenaida Delgado
El contexto institucional del caso Zenaida Delgado involucra directamente la credibilidad y el funcionamiento ético de la Cámara de Senadores de Paraguay. La figura parlamentaria cuestionada enfrenta además un escenario de intensa presión política por pedidos de expulsión y pérdida de investidura promovidos por sectores de la oposición. Las denuncias de retención de salarios a funcionarios de confianza representan un hecho grave que vulnera disposiciones constitucionales y normas de la función pública.
En las últimas semanas, referentes legislativos señalaron que un arreglo privado entre particulares no anula la necesidad de evaluar la conducta ética de la congresista. La normativa paraguaya prohíbe taxativamente la apropiación indebida de ingresos asignados a los servidores estatales, un fenómeno comúnmente denominado peaje de remuneraciones. Por ello, el desarrollo de este expediente genera amplia expectativa tanto en la opinión pública como en las bancadas legislativas.
Datos clave
- Rechazo tajante: La exfuncionaria Lidia González desmintió haber firmado un acuerdo extrajudicial con la legisladora oficialista.
- Exigencia de celulares: Según la denuncia, se solicitó la entrega de teléfonos móviles para que un perito borrara conversaciones de mensajería instantánea.
- Cláusulas restrictivas: El borrador imponía la prohibición de acudir a la Justicia y de brindar declaraciones a los medios de comunicación.
- Continuidad del reclamo: Las denunciantes anunciaron la revocación de mandato a su letrado y ratificaron que continuarán el proceso penal por supuestos cobros ilegales.
