Las derivaciones del caso Zenaida Delgado sumaron un nuevo capítulo este viernes en la Cámara de Senadores de Paraguay, tras la negativa tajante de una de las funcionarias a suscribir un arreglo extrajudicial. La denunciante Lidia González desmintió haber cerrado cualquier pacto con la legisladora oficialista y manifestó temer por su integridad física ante la gravedad de los hechos denunciados.
La controversia surge luego de trascender un presunto acuerdo entre los abogados de la parlamentaria y tres dependientes del Congreso Nacional. Las trabajadoras habían expuesto un supuesto esquema de cobro irregular de salarios y exigencias de sumas millonarias a cambio de gestionar nombramientos permanentes dentro del Poder Legislativo.
La negativa a borrar conversaciones y el temor a represalias
Lidia González ratificó de manera categórica su negativa ante cualquier propuesta económica o convenio de confidencialidad. De acuerdo con sus declaraciones, la condición impuesta por el entorno legal de la parlamentaria requería la entrega inmediata de los aparatos telefónicos para que un perito informático procediera a eliminar todos los registros.
La funcionaria señaló que aceptar dicho requerimiento significaba despojarse de los elementos probatorios necesarios para sostener su defensa y ratificar sus afirmaciones. Explicó que quedar sin el respaldo de los mensajes la dejaría vulnerable ante futuras demandas judiciales y subrayó que teme por su vida ante el riesgo de que intenten eliminar testimonios clave.
Los préstamos bancarios y las obligaciones financieras en disputa
El borrador del documento atribuido a la senadora contemplaba el compromiso formal de cubrir cuotas pendientes y futuras de diversos créditos contraídos por las funcionarias. Entre las obligaciones mencionadas figura una deuda con el Banco Nacional de Fomento por un valor superior a los 38 millones de guaraníes, a nombre de Leonarda Vera Santander.
Asimismo, el texto incluía obligaciones financieras con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso Nacional por 22.500.000 guaraníes vinculadas a Vera Santander, además de otro préstamo de 15 millones de guaraníes a nombre de Lorena Elizabeth Gauto. Según la postura de González, la predisposición a cubrir estos montos constituye una confirmación tácita del manejo indebido de recursos económicos.
La controversia en torno al caso Zenaida Delgado y las pruebas
La legisladora oficialista ha sostenido públicamente su inocencia y niega haber participado en irregularidades administrativas o cobros indebidos a sus colaboradores. Sin embargo, la divulgación del texto que intentaba sellar el conflicto reactivó los cuestionamientos en el ámbito político sobre los métodos empleados para frenar la exposición mediática de los mensajes.
Para la denunciante, las repercusiones del caso Zenaida Delgado demuestran una admisión indirecta de los cobros denunciados. González remarcó que las conversaciones almacenadas constituyen la única garantía con la que cuentan para evitar quedar desprotegidas ante eventuales acciones legales impulsadas desde el poder político.
Contexto institucional y posible pérdida de investidura
El impacto del caso Zenaida Delgado también reabre el debate sobre la integridad institucional en el Congreso paraguayo y los alcances del artículo 201 de la Constitución Nacional. Dicha normativa establece la pérdida de investidura para los parlamentarios que incurran en el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.
En la sede parlamentaria, diversos sectores analizan el alcance de los documentos y testimonios acumulados en torno a la práctica comúnmente denominada peaje salarial. Las funcionarias sostienen que la exigencia de pagos alcanzaba hasta 100 millones de guaraníes para acceder a cargos estables, un procedimiento que evade los concursos de méritos legalmente establecidos.
Datos clave
- Rechazo total: la funcionaria denunciante Lidia González descartó haber firmado un acuerdo con la senadora y denunció pedidos para borrar evidencias de su teléfono.
- Deudas asumidas: el borrador del pacto extrajudicial contemplaba que la legisladora pagara cuotas de préstamos ante el Banco Nacional de Fomento y la Caja Parlamentaria.
- Temor manifiesto: una de las trabajadoras del Senado declaró temer por su vida y afirmó que la propuesta buscaba dejarla sin pruebas ante eventuales querellas.
- Riesgo constitucional: la legisladora podría enfrentar un pedido de pérdida de investidura por presunto uso indebido de influencias si avanzan las denuncias.
