El caso Ueno generó una serie de iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados para investigar las irregularidades financieras vinculadas a la entidad y sus nexos con autoridades públicas. Las propuestas, que también cuentan con planteamientos paralelos en la Cámara de Senadores, buscan conformar un equipo especial de indagación parlamentaria. El tratamiento de los proyectos quedó previsto para la sesión ordinaria de la Cámara Baja.
La discusión se instaló en el Parlamento tras las denuncias que vinculan las operaciones de la entidad con figuras políticas de alto nivel. La intención principal de los legisladores radica en esclarecer el destino de los recursos y determinar las responsabilidades institucionales en el manejo del sistema financiero.
Las dos propuestas legislativas sobre el caso Ueno
Dentro de la Cámara de Diputados surgieron dos proyectos diferenciados tanto en su enfoque de investigación como en la conformación de los integrantes. La primera iniciativa proviene del bloque liberal opositor, encabezada por los diputados Diosnel Aguilera, Adrián Vaesken y María Constancia Benítez, pertenecientes al Partido Liberal Radical Auténtico. Este grupo propone una Comisión Bicameral de Investigación transitoria centrada en el presunto fraude bancario y el papel del presidente Santiago Peña, además de directivos del Banco Central del Paraguay.
Por otro lado, el diputado oficialista Carlos Núñez Salinas presentó una propuesta alternativa para instaurar una Comisión Bicameral Especial de carácter transitorio. Este segundo texto apunta a indagar la crisis financiera general de la institución, la situación de los fondos comprometidos y el desempeño de los órganos estatales encargados de la supervisión.
Diferencias en integración y objetivos de control
Ambos proyectos presentan discrepancias marcadas respecto a la integración de la mesa investigadora. La oposición plantea una estructura reducida de tres miembros por cada cámara legislativa, sumando seis parlamentarios en total y con preferencia para sectores opositores. En contraste, la versión presentada por Núñez Salinas propone que cada cámara aporte cinco legisladores, totalizando diez miembros en el equipo.
El alcance de la investigación del proyecto oficialista incluye el análisis de operaciones de crédito, sobregiros, ventas de cartera y transferencias de la firma entre 2023 y 2026. Asimismo, abarca la revisión de la estructura de propiedad del grupo empresarial, la actuación de las calificadoras de riesgo, auditorías externas y las decisiones tomadas por entes públicos como el Instituto de Previsión Social al colocar fondos en depósitos del banco investigado.
Posturas políticas y reclamos de transparencia
Durante la fundamentación de su proyecto, el diputado Diosnel Aguilera sostuvo que el esquema denunciado provocó un perjuicio patrimonial grave y remarcó la necesidad de desarticular toda la red de complicidades. El legislador insistió en que el Estado paraguayo debe recuperar los recursos económicos directamente de los presuntos responsables para proteger tanto a los ahorristas particulares como al fondo de garantía bancario.
Al debate se sumaron otras voces opositoras que alertaron sobre el riesgo de manipulación política en la designación de las autoridades de la comisión. El diputado Raúl Benítez remarcó que cualquier espacio creado en el Congreso para indagar el caso Ueno carecerá de legitimidad si queda bajo el control del sector cartista. Según señalaron los parlamentarios, evitar un eventual blanqueo resulta fundamental para brindar respuestas a los inversionistas perjudicados.
Datos clave
- Dos proyectos: La Cámara de Diputados analiza dos iniciativas distintas para conformar una comisión bicameral.
- Conformación en pugna: La oposición plantea seis integrantes con mayoría no oficialista, mientras que el oficialismo propone diez miembros.
- Fondos públicos indagados: La revisión abarcaría la colocación de recursos del Instituto de Previsión Social y de otras entidades del Estado en la entidad financiera.
- Rango temporal: La propuesta oficialista sugiere auditar transferencias, sobregiros y operaciones crediticias realizadas entre los años 2023 y 2026.
