Las diligencias procesales en el marco del caso Ueno Bank alcanzaron un punto de máxima tensión institucional tras denuncias formales por intimidaciones dirigidas a los investigadores en Asunción. El agente fiscal Silvio Corbeta y miembros de su equipo técnico reportaron situaciones de hostigamiento, presuntas amenazas verbales y seguimiento vehicular en los últimos días. Frente a estos hechos, el Ministerio Público solicitó formalmente apoyo y resguardo a la Comandancia de la Policía Nacional.
Hostigamiento e incidentes en el caso Ueno Bank
El conflicto principal se desencadenó durante un allanamiento ejecutado en la firma de transporte de caudales GSR Security, entidad vinculada societariamente al Grupo Vázquez. Según detalló la representación fiscal, el propietario de la firma, Fabricio Martín Martínez Appleyard, intentó demorar el ingreso de la comitiva judicial. Esta conducta inicial generó sospechas inmediatas sobre una presunta maniobra para obstaculizar el procedimiento legal en curso.
Ante la advertencia del fiscal de disponer su detención si persistía en bloquear el acceso, el directivo empresarial habría reaccionado con agravios e intimidaciones verbales. De acuerdo con el testimonio de Corbeta, el imputado lanzó improperios asegurando que perjudicaría su carrera y bienestar personal. Las expresiones fueron calificadas como un ataque grave a la labor investigativa por todos los funcionarios presentes en el sitio.
A este escenario se sumó la supuesta invocación reiterada de contactos políticos de alto nivel por parte de Martínez Appleyard. El empresario habría manifestado poseer influencias tanto en la administración gubernamental anterior como en el actual periodo del Poder Ejecutivo. Para el fiscal, estas declaraciones buscaron frenar las actuaciones en torno a las firmas involucradas en el caso Ueno Bank.
Discrepancias patrimoniales y seguimiento a los agentes
La causa penal contra el titular de la transportadora avanzó por presunto hurto agravado y frustración de la persecución penal. Las sospechas se originaron tras constatarse un faltante que asciende a G. 3.090.600.000 durante la revisión de la bóveda de caudales. Las pesquisas preliminares detectaron además cortes repentinos en el circuito cerrado de vigilancia y el desplazamiento de un camión blindado.
Estos movimientos irregulares ocurrieron en coincidencia con el anuncio de resolución financiera emitido por la banca matriz. Aunque la defensa del imputado acercó posteriormente un cheque para cubrir el monto faltante, la investigación continuó adelante sin interrupciones. La representación del Ministerio Público señaló que planteará remitir esta arista a una unidad competente en delitos contra la propiedad, dado que escapa estrictamente a los Delitos Económicos.
Paralelamente, las medidas de amedrentamiento se habrían extendido fuera de las instalaciones empresariales. Agentes asignados a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción indicaron haber sufrido persecuciones en vehículos particulares al retirarse de sus dependencias. También se registraron rondas y permanencias de personas no identificadas alrededor de la sede judicial capitalina.
Custodia policial y antecedentes de intimidación
La fiscal adjunta Nancy Salomón promovió los trámites con los mandos de la Policía Nacional para establecer un protocolo integral de seguridad preventiva. La disposición contempla custodia directa para los fiscales intervinientes y un cerco de vigilancia permanente en las oficinas asignadas al expediente. Las autoridades buscan salvaguardar la documentación recabada en el caso Ueno Bank ante eventuales intentos de sustracción o amedrentamiento a los testigos.
Silvio Corbeta remarcó que ya había enfrentado episodios similares en anteriores procesos de repercusión pública, tales como la causa penal denominada Tía Chela. En dicha ocasión, simpatizantes de sectores políticos afines al intendente Miguel Prieto le enviaron mensajes con advertencias directas de muerte a través de plataformas digitales. Esos antecedentes fueron formalizados ante los estrados competentes al igual que los hechos suscitados en la sede de GSR Security.
El rol de los fiscales especializados en delitos económicos resulta fundamental dentro del ordenamiento jurídico para proteger el patrimonio institucional y desmantelar fraudes corporativos. Las investigaciones patrimoniales complejas demandan independencia funcional y garantías plenas de resguardo físico. Los equipos investigadores continuarán con la localización de bienes y la trazabilidad de operaciones financieras vinculadas a la entidad bancaria.
Datos clave
- Amenazas directas: El fiscal Silvio Corbeta denunció intimidaciones de Fabricio Martínez Appleyard durante el allanamiento a la firma GSR Security.
- Faltante millonario: La comitiva detectó una diferencia de G. 3.090.600.000 en la bóveda, junto a cortes en cámaras de seguridad y traslados no registrados.
- Hostigamiento y vigilancia: Investigadores anticorrupción reportaron seguimientos vehiculares y presencia de personas desconocidas cerca de la sede fiscal.
- Protección policial: La fiscal adjunta Nancy Salomón gestionó resguardo policial ante la Policía Nacional para salvaguardar a los agentes y los documentos del proceso.






