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política

TSJE descarta vínculos con Itti ante supuestos pagos por las máquinas de votación

Redacción BM Online•21 de noviembre de 2026 a las 12:20 p. m.•Asunción

Mujeres prueban e imprimen boletines en pantallas de las máquinas de votación dentro de una sala oficial.

El proceso de arrendamiento de las máquinas de votación volvió al centro del debate político tras la desvinculación formal del Tribunal Superior de Justicia Electoral respecto a la empresa tecnológica Itti. La controversia se originó a partir de testimonios brindados ante el Ministerio Público por un exdirectivo bancario, quien mencionó presuntos giros de dinero vinculados a la licitación. La institución estatal aclaró que no mantiene relaciones contractuales con la firma mencionada.

La entidad electoral, encabezada por Jorge Bogarín González, emitió un pronunciamiento institucional para fijar postura luego de las declaraciones judiciales. El organismo remarcó que las gestiones administrativas se ajustaron a las normas vigentes de contratación y trasladó los descargos proporcionados por el consorcio que resultó beneficiado con el servicio.

Declaraciones judiciales y sospechas sobre transferencias

El exvicepresidente de Ueno Bank, Julio Rey Fernández, compareció ante los agentes fiscales en el marco de las investigaciones patrimoniales sobre el conglomerado financiero. Durante su declaración testifical, el exdirectivo afirmó tener conocimiento de presuntos desembolsos ejecutados por la firma Comitia a favor de Itti, empresa perteneciente al Grupo Vázquez.

Según consta en el acta de la comparecencia, el declarante sostuvo que existiría una participación de dicho grupo económico en el esquema de provisión de los equipos electorales. Aunque aclaró que desconocía la magnitud exacta de dicha intervención, sugirió que los registros bancarios permitirían verificar las transferencias de fondos entre ambas empresas privadas.

La postura de Comitia y las conexiones societarias

Frente a estas aseveraciones, la Justicia Electoral requirió un informe pormenorizado al consorcio adjudicado para esclarecer eventuales nexos comerciales. La empresa contratista respondió formalmente que no posee participación accionaria en ninguna sociedad del Grupo Vázquez ni mantiene alianzas de esa naturaleza.

No obstante, la proveedora reconoció la contratación de pólizas con Ueno Seguros para garantizar la cobertura durante el traslado seguro de las máquinas de votación. De acuerdo con el descargo, esta póliza respondió exclusivamente a las exigencias fijadas en el pliego de bases y condiciones de la convocatoria pública.

A este escenario se suma la intervención del estudio jurídico Gross Brown como representante legal del consorcio adjudicado. El principal referente de dicho bufete, Eduardo Gross Brown Costa, figura simultáneamente como directivo en entidades financieras vinculadas al mismo conglomerado empresarial investigado.

Antecedentes y cuestionamientos técnicos de las máquinas de votación

La adjudicación de las máquinas de votación arrastra observaciones desde sus etapas preliminares en las instituciones del Estado. En un principio, el organismo electoral proyectó una compra directa por aproximadamente 92 millones de dólares, pero el plan fue cancelado debido a cuestionamientos surgidos en el Congreso Nacional.

Posteriormente, la institución modificó la modalidad operativa hacia un arrendamiento de 18.000 unidades por un monto cercano a 35 millones de dólares. En dicha licitación, el consorcio Comitia-MSA quedó como único oferente y obtuvo la confirmación del contrato a finales de 2025.

El trámite licitatorio también enfrentó reparos técnicos significativos durante las evaluaciones previas. Un informe especializado detectó observaciones en 26 pruebas de funcionamiento y resguardo de datos, lo que motivó indagaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas antes del levantamiento de la suspensión.

Datos clave

  • El testimonio fiscal de Julio Rey Fernández alertó sobre supuestas transferencias de Comitia hacia la tecnológica Itti.
  • La Justicia Electoral negó la existencia de compromisos contractuales directos con empresas del Grupo Vázquez.
  • El contrato vigente contempla el arrendamiento de 18.000 equipos por un valor aproximado de 35 millones de dólares.
  • La firma adjudicada admitió únicamente la contratación de pólizas de transporte con la aseguradora del grupo financiero.

Fuente: elnacional.com.py

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