El avance judicial del caso Ueno Bank mantiene a múltiples personas privadas de libertad y bajo medidas cautelares en Paraguay. La causa penal se desdobla en dos frentes de investigación articulados por diferentes equipos del Ministerio Público, abarcando presuntas maniobras de fraude corporativo y responsabilidades administrativas en órganos de supervisión del Estado.
La complejidad del proceso generó resoluciones de prisión preventiva y arresto domiciliario dictadas por jueces penales de garantías. Las pesquisas buscan determinar cómo se estructuraron las operaciones comerciales y las supuestas omisiones regulatorias que derivaron en la crisis financiera.
Directivos del sector privado en el caso Ueno Bank
En la denominada causa 89/2026, la Fiscalía investiga a los integrantes del Grupo Vázquez por el descalabro de la firma y hechos de fraude corporativo. Hasta el momento, diez personas pertenecientes a este ámbito enfrentan restricciones directas a su libertad ambulatoria.
Federico Miguel Vázquez Villasanti, sindicado como beneficiario final y presidente del conglomerado, soporta cargos por presunta lesión de confianza, estafa agravada, lavado de activos, asociación criminal, conducta indebida en situaciones de crisis, violación del deber de llevar libros de comercio y conducta conducente a la quiebra. Cumple prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos, situado en el barrio Tacumbú de Asunción.
En ese mismo recinto penal fueron remitidos Juan Manuel Gustale, expresidente de la entidad bancaria; Alejandro Gómez Abente, director titular; Diego Fernando Duarte Schussmuller, directivo bancario y de la aseguradora del grupo; y Julio Daniel Rey Fernández, exvicepresidente segundo. Por su parte, César Manuel Astigarraga Lambaré, titular de la tecnológica ITTI e imputado como presunto colaborador clave, aguarda su traslado a Tacumbú desde el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional.
Otras personas procesadas en esta rama cumplen medidas diferenciadas. El exsíndico Miguel Ángel Almada Frutos guarda prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de Emboscada. En contraste, las exdirectivas Diana Leticia Mongelós González y Mariana Torres Rubiani obtuvieron arresto domiciliario con control de tobillera electrónica. Asimismo, Andrea María José Benítez García, jefa operativa de la casa de bolsa imputada por presunta frustración de la persecución penal tras detectarse destrucción de documentos, permanece en el Departamento de Judiciales Femenino antes de su derivación a la cárcel de mujeres de Emboscada. Existen además otros 18 imputados que continúan el proceso en libertad.
Funcionarios públicos y exmandatario bajo proceso
El segundo expediente, identificado como causa 92/2026, se concentra en la actuación de los organismos de control financiero y las esferas del Poder Ejecutivo. En este marco, siete exautoridades estatales permanecen bajo arresto tras ser formalizadas penalmente.
El expresidente Santiago Peña Palacios fue imputado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, bajo sospecha de encabezar la estructura investigada. Inicialmente recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, el juez penal Osmar Legal dispuso su remisión a la prisión militar de Viñas Cue.
La causa compromete de manera directa a la cúpula del Banco Central del Paraguay. Carlos Carvallo, expresidente de la banca matriz y de la antigua financiera, está imputado por lesión de confianza, asociación criminal y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Permanece en la Agrupación Especializada junto al exsuperintendente de bancos Holger Insfrán y los exmiembros del directorio Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora. A este grupo se suma el exdirector jurídico Aldo Javier Rodríguez González, con orden de ingreso a la misma sede policial, mientras que la exdirectora Liana Caballero Krause cumple reclusión preventiva en el Departamento Judicial Femenino.
Datos clave
- Dos causas penales simultáneas: La Fiscalía dividió las pesquisas en el colapso corporativo y las actuaciones de las entidades reguladoras estatales.
- Diecisiete personas bajo medidas restrictivas: Diez procesados provienen de las firmas comerciales y siete corresponden a exfuncionarios públicos.
- Diversos lugares de reclusión: Los imputados cumplen medidas en Tacumbú, Viñas Cue, la Agrupación Especializada, Emboscada y bajo régimen domiciliario con tobillera.
- Otras autoridades bajo análisis: El Ministerio Público mantiene abiertas líneas de indagación sobre otros exmiembros del gabinete sin imputación formal hasta la fecha.






