El proceso judicial abierto por el caso Ueno Bank sumó un nuevo capítulo tras la presentación de un incidente de tercería de dominio impulsado por representantes del Grupo Vázquez. La firma recurrió a la justicia penal de Asunción para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre más de medio centenar de rodados y establecimientos rurales. La acción busca desvincular el patrimonio corporativo de las pesquisas penales dirigidas contra un exdirectivo de la entidad bancaria.
La controversia legal surgió a partir de una resolución dictada a comienzos de noviembre, mediante la cual se dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes contra una decena de personas jurídicas. Entre las firmas afectadas se encuentra Grupo Vázquez SAE, cuyos representantes legales cuestionan la legalidad del secuestro de automóviles y el congelamiento de cuentas bancarias.
El reclamo de la empresa ante el juzgado
El planteamiento fue radicado por el abogado William Dante Justiniano ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2, encabezado por el juez Rodrigo Estigarribia. La defensa técnica argumenta que la persona jurídica no forma parte de la imputación penal ni reviste condición de investigada dentro del expediente.
En su argumentación, el profesional del derecho sostuvo que en un régimen republicano carece de legitimación procesal la imposición de restricciones patrimoniales a una sociedad no imputada. Según la postura expuesta ante el magistrado, no existen elementos objetivos ni sospechas formales que vinculen las actividades comerciales de la empresa con los hechos punibles investigados.
El escrito resalta además que la corporación no figura como accionista de la firma bancaria mencionada en la causa. Por este motivo, la representación jurídica considera que las medidas patrimoniales dictadas por la judicatura sobrepasaron las atribuciones establecidas en el Código Procesal Penal paraguayo para las medidas cautelares de carácter real.
Medidas cautelares en el caso Ueno Bank y bienes bajo custodia
El paquete de bienes reclamados por la sociedad mercantil comprende un total de 58 vehículos automotores y tres estancias ganaderas que fueron objeto de intervención judicial. En la actualidad, estos patrimonios permanecen bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, entidad estatal encargada de custodiar activos sujetos a medidas cautelares en procesos penales.
Las diligencias de incautación se ejecutaron como parte de las pesquisas abiertas contra Miguel Vázquez, quien ejerció funciones como director ejecutivo y vicepresidente primero de la entidad financiera. El exdirectivo afronta cargos formulados por el Ministerio Público por supuesta estafa, lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y presunta violación de la obligación de llevar libros de comercio.
En el sistema judicial paraguayo, la figura de tercería de dominio permite a terceras personas, físicas o jurídicas, acudir ante el magistrado para defender la titularidad de activos que fueron embargados o secuestrados por error o extensión indebida en un litigio ajeno. Corresponde ahora al juzgado penal evaluar los títulos de propiedad y determinar si procede o no la restitución de estos activos.
Acción legal contra las facultades de la Senabico
De forma paralela a la tercería de dominio, la defensa de la empresa promovió una excepción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la ley que rige el funcionamiento de la Senabico. La intención primordial de este recurso radica en frenar la eventual venta anticipada o subasta pública de los rodados y de las propiedades ganaderas.
La normativa vigente otorga a la institución administradora la potestad de rematar bienes de forma previa a una condena definitiva cuando su mantenimiento resulta excesivamente oneroso o genera deterioro económico. El representante legal alegó que este mecanismo legal encubre una confiscación anticipada de bienes, práctica reñida con los principios y garantías consagrados en la Constitución de la República del Paraguay.
El avance de esta excepción obligará a la sala correspondiente a emitir un pronunciamiento sobre la validez constitucional de la normativa especial de administración de activos. Mientras tanto, el juzgado de garantías deberá correr traslado a las partes del proceso para definir la situación procesal de la flota de rodados y los inmuebles.
Datos clave
- Petición judicial: el Grupo Vázquez promovió una tercería de dominio para reclamar la titularidad de 58 rodados y tres establecimientos ganaderos.
- Origen del embargo: los bienes fueron incautados y transferidos a la Senabico tras resoluciones vinculadas a los procesos contra el exdirectivo Miguel Vázquez.
- Postura corporativa: la sociedad alega que no está imputada en la causa penal ni forma parte del paquete accionario de la firma bancaria.
- Cuestionamiento legal: se planteó una excepción de inconstitucionalidad contra la ley de la Senabico para impedir el remate anticipado de los bienes.






