El caso Ueno Bank sumó una resolución judicial clave tras la orden de inhibir bienes y bloquear cuentas a diez firmas comerciales. El juez penal de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dispuso la medida preventiva para asegurar activos ante un eventual comiso. La disposición surge luego de que el Ministerio Público detectara presuntas operaciones financieras irregulares entre entidades relacionadas.
La determinación judicial alcanza de forma directa a una decena de sociedades que habrían participado en un esquema de movimientos de capitales sin respaldo suficiente. Según la resolución, las restricciones patrimoniales poseen carácter provisional y tienen como fin evitar la dispersión de fondos mientras avanza la pesquisa del Ministerio Público.
Alcance de las medidas cautelares en el caso Ueno Bank
La medida dictada por el magistrado recae sobre ITTI S.A.E.C.A., Grupo Vázquez S.A.E., REDISA y Red Digital de Procesamiento (REDIPRO). Asimismo, la resolución incluye a Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio (SATEC), HD Invest E.A.S., Technoma S.A.E.C.A., La Tropa Fletes E.A.S., Factopar S.A. y Kasas Propiedades S.A.E.
El juzgado notificó la inhibición general de vender y gravar bienes a la Dirección General de los Registros Públicos, que cuenta con 48 horas para reportar su cumplimiento. Al mismo tiempo, el Banco Central del Paraguay y el Instituto Nacional de Cooperativismo deberán circularizar la inmovilización de cuentas bancarias y financieras en sus respectivas entidades supervisadas.
Esquema de préstamos y la hipótesis del Ministerio Público
De acuerdo con los antecedentes remitidos por los fiscales, la entidad bancaria otorgó préstamos y sobregiros a firmas vinculadas entre 2025 y 2026. Esos créditos habrían presentado montos sumamente elevados, evaluaciones de riesgo deficientes y garantías insuficientes. Los investigadores sostienen que parte de los recursos obtenidos se desviaba hacia otras corporaciones para financiar actividades distintas a las declaradas.
Uno de los puntos centrales de la investigación apunta a la compra de una cartera crediticia por 74.418.418 dólares estadounidenses por parte de VINANZAS S.A. La hipótesis fiscal señala que dicha firma no poseía fondos propios para concretar la operación al contado. El dinero habría provenido de créditos otorgados previamente por el propio banco a compañías como SATEC, HD Invest, Technoma, La Tropa Fletes y Factopar, haciéndolo circular mediante bonos y cesiones de créditos.
Criterio judicial y excepciones para compromisos operativos
En su argumentación, el juez Estigarribia aclaró que las restricciones no implican una condena penal anticipada ni demuestran de forma definitiva maniobras delictivas. No obstante, remarcó que los antecedentes presentados por la Fiscalía exponen sospechas fundadas sobre la utilización de estructuras societarias interconectadas para movilizar activos.
Con el objetivo de no paralizar el funcionamiento comercial, la inmovilización de fondos estará sometida a un control de proporcionalidad estricto. Las firmas alcanzadas podrán solicitar la liberación de montos específicos para abonar salarios de empleados, tributos fiscales y servicios esenciales. Por otro lado, el magistrado rechazó aplicar medidas contra la empresa Sagas S.A., debido a que la Fiscalía no individualizó operaciones concretas ni bienes vinculados a esta sociedad.
Datos clave
- Diez empresas investigadas quedaron con inhibición general de vender y gravar bienes por orden judicial.
- Cuentas bancarias inmovilizadas preventivamente a través de notificaciones oficiales al Banco Central del Paraguay y al Incoop.
- Operación de 74 millones de dólares se encuentra bajo sospecha por compra de cartera con fondos originados en el mismo banco.
- Pagos de salarios y tributos podrán ser autorizados bajo un régimen de revisión y control de proporcionalidad.
