Un grupo de legisladores de la oposición y de la disidencia presentó una propuesta legislativa para investigar a fondo el caso Ueno Bank mediante la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación en Asunción. La iniciativa busca esclarecer el actuar de las entidades estatales que tenían la obligación de fiscalizar las operaciones financieras y no emitieron alertas oportunas. Este planteamiento surge tras la intervención y posterior disolución de la entidad bancaria, un hecho que comprometió sumas millonarias de recursos estatales.
Señalamientos contra organismos de supervisión financiera
El documento parlamentario pone un foco especial sobre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Según los proyectistas, estas oficinas omitieron advertir sobre las transferencias masivas y los movimientos de capital sospechosos dentro de la intermediaria. Al mismo tiempo, los firmantes lamentaron que a la ciudadanía común se le exijan numerosos trámites burocráticos para justificar montos menores, mientras que las transacciones multimillonarias no recibieron la debida fiscalización.
La bancada promotora también solicitó evaluar las decisiones adoptadas por las autoridades del Banco Central del Paraguay y su Superintendencia de Bancos. Los legisladores sostienen que el directorio de la banca matriz habría omitido remitir información clave a la Cámara de Senadores respecto al deterioro de la entidad intervenida. Además, plantean determinar si los mandos intermedios y las jefaturas técnicas facilitaron modificaciones regulatorias a la medida para favorecer el crecimiento de la firma.
Los alcances del caso Ueno Bank y la supervisión del Estado
El debate sobre el caso Ueno Bank cobró fuerza tras conocerse que el Estado paraguayo llegó a depositar más de 850 millones de dólares en dicha compañía. Esta cifra equivalía a cerca del veinte por ciento de los ahorros públicos totales, distribuidos sin parámetros claros que justificaran semejante concentración de depósitos. Asimismo, el Instituto de Previsión Social mantenía colocaciones por 355 millones de dólares, lo que comprometía el nueve por ciento de sus reservas previsionales.
A pesar de que el Ministerio Público imputó a veintisiete personas, entre ellas al expresidente de la República Santiago Peña y al extitular de la banca matriz Carlos Carvallo, los senadores afirman que persisten interrogantes institucionales. Los parlamentarios consideran imperativo determinar cómo operó la cadena de órdenes dentro del aparato gubernamental para viabilizar el flujo financiero. Por este motivo, consideran insuficiente la vía penal ordinaria sin un examen parlamentario exhaustivo.
Presunto desvío de recursos y sospechas de nexos políticos
Entre las sospechas manifestadas por los legisladores resalta la posible utilización de la estructura bancaria para canalizar activos de origen irregular. Según el proyecto, existen elementos que justifican indagar si se montó un esquema financiero premeditado para legitimar capitales al amparo de controles flexibles. Esta hipótesis incluye analizar la gestión del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, respecto a las normativas aprobadas durante su mandato ministerial.
Otro punto de fricción reside en las relaciones comerciales previas existentes entre figuras políticas de primer nivel y los directivos del conglomerado empresarial propietario de la entidad. El texto legislativo menciona que Santiago Peña figuraba como inversionista en una de las firmas vinculadas a Miguel Vázquez, creador del banco disuelto. Para los proyectistas, estos lazos comerciales comprometen la imparcialidad de las determinaciones tomadas en el marco del caso Ueno Bank y las decisiones de supervisión estatal.
Datos clave
- Iniciativa legislativa: senadores de la disidencia y la oposición buscan conformar una comisión bicameral para indagar la disolución de la entidad financiera.
- Fondos en riesgo: la institución administraba cerca de 850 millones de dólares en depósitos estatales, incluyendo 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social.
- Foco de control: el proyecto cuestiona la falta de alertas por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
- Procesos en curso: la Fiscalía imputó a veintisiete personas vinculadas a la causa, entre las que figuran exautoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central del Paraguay.
