El escándalo institucional generado en torno al caso Ueno Bank provocó fuertes reclamos dentro de la propia bancada de la Asociación Nacional Republicana en el Congreso Nacional. Durante la última sesión en Asunción, varios legisladores oficialistas expresaron abiertamente su indignación ante el impacto financiero y social derivado de la crisis de la entidad bancaria. Los parlamentarios exigieron castigos contundentes para los involucrados y plantearon evaluar la destitución del mandatario mediante los mecanismos constitucionales previstos.
Fuertes reclamos de senadores en el caso Ueno Bank
El senador Orlando Penner dirigió un mensaje enérgico a sus colegas partidarios en la Cámara de Senadores y reclamó la aplicación de medidas drásticas contra los culpables. Señaló con firmeza que aquellos que autorizaron el destino de fondos públicos hacia dicha entidad deben asumir las consecuencias legales correspondientes. Para el congresista, resulta imperativo actuar con valentía ante una situación que quebrantó la estabilidad del sector.
Penner argumentó que la actual administración estatal dañó rápidamente la solidez y la credibilidad bancaria que el país edificó durante las últimas dos décadas. En ese sentido, acusó al mandatario Santiago Peña de faltar a la verdad y propuso su remoción inmediata en caso de confirmarse el engaño a la ciudadanía. Asimismo, apuntó contra el vicepresidente Pedro Alliana si se comprueba que ocultó datos sobre la gravedad de la crisis financiera.
El pedido de ley pareja y rescate a los ahorristas
Por su parte, el legislador Juan Afara centró su intervención en el drama social que padecen los clientes afectados tras las irregularidades detectadas. Afirmó con pesar que más de dos millones de ciudadanos paraguayos sufren una gran incertidumbre económica luego de haber confiado sus recursos a la firma bancaria intervenida. Remarcó que la prioridad absoluta del Estado debe ser proteger a las víctimas y recuperar sus fondos.
Afara insistió en que las instituciones encargadas de velar por el orden jurídico actúen con total imparcialidad y sin distinción de cargos o influencias. Aseguró que la normativa legal debe aplicarse por igual a todos los ciudadanos y que la justicia no puede admitir tratos preferenciales para quienes posean vínculos cercanos al poder. Concluyó que devolver la tranquilidad a los depositantes constituye la principal obligación de los representantes públicos en este momento.
Advertencias sobre el juicio político a las autoridades
La senadora Blanca Ovelar también se sumó a las recriminaciones públicas y recordó que el Poder Ejecutivo llegó a presentar al directivo detenido de la institución, Miguel Vázquez, como un referente ejemplar de las finanzas. Ovelar criticó el accionar engañoso que derivó en la pérdida de la confianza pública y cuestionó que se hayan utilizado recursos ciudadanos para sostener estilos de vida ostentosos.
La congresista apeló directamente a la conciencia de los diputados, quienes tienen la atribución constitucional de promover el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra las máximas autoridades. Sostuvo que la Cámara Alta probablemente contaría con los votos necesarios para avanzar en el proceso, pero recordó que la iniciativa corresponde formalmente a la Cámara Baja. Finalmente, subrayó que los representantes legislativos no pueden evadir su responsabilidad ni permanecer pasivos ante el daño institucional consumado en el país.
Datos clave
- El senador Orlando Penner exigió medidas drásticas y planteó la remoción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana si se comprueban engaños u ocultamientos sobre la situación financiera.
- Más de dos millones de compatriotas se encuentran afectados por el colapso financiero de la institución, según denunció en el pleno legislativo el parlamentario Juan Afara.
- La senadora Blanca Ovelar pidió patriotismo a los diputados para impulsar el juicio político y estimó que en el Senado ya existirían votos suficientes para avanzar con el proceso.
- Se cuestionaron los presuntos privilegios judiciales y se demandó que las autoridades competentes apliquen la ley con firmeza y sin ningún tipo de favoritismo.
