El polémico caso Ueno Bank sumó un nuevo capítulo judicial tras la presentación de una denuncia penal formulada por un grupo de legisladores ante la Fiscalía General del Estado en Asunción. Los parlamentarios solicitaron al Ministerio Público investigar la supuesta utilización de datos privilegiados para extraer grandes sumas antes de la intervención de la firma, además de indagar el desempeño de los organismos de control estatal. La acción legal exige determinar las responsabilidades penales en el manejo de millonarios fondos públicos que fueron colocados en la entidad financiera.
Investigaciones por el caso Ueno Bank y retiros privilegiados
El escrito presentado ante el fiscal general Emiliano Rolón denuncia que presuntamente se permitió el vaciamiento selectivo de la entidad en vísperas de su resolución. Los legisladores firmantes señalaron que diversas personas físicas y jurídicas habrían obtenido información confidencial para retirar sumas millonarias de forma anticipada. Esta maniobra habría perjudicado directamente la masa de acreedores y ahorristas, dejando sin respaldo patrimonial a miles de usuarios y entidades estatales que confiaron sus depósitos al grupo económico.
La presentación judicial cuenta con las firmas de los diputados Rocío Vallejo, Dalia Estigarribia, Carlos Pereira Rieve, Raúl Benítez, Adrián Vaesken y Roberto González. Los parlamentarios remarcaron que estas extracciones no representan faltas administrativas menores, sino hechos punibles que ameritan un castigo ejemplar. De acuerdo con el texto, la salida selectiva de capitales consumó un grave perjuicio patrimonial de forma dolosa contra la masa societaria y los ahorristas comunes.
El papel de Seprelad y los depósitos públicos
Dentro de las pesquisas del caso Ueno Bank, los congresistas solicitaron formalmente verificar el rol desempeñado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes, a cargo de Liliana Alcaraz. La denuncia exige corroborar si la institución emitió los reportes de operaciones sospechosas correspondientes o si existió una omisión sistemática frente a transacciones irregulares. Según el documento, se estima un perjuicio preliminar que supera los 855 millones de dólares pertenecientes a instituciones del Estado.
El documento apunta también hacia los directivos de entes públicos que continuaron canalizando dinero hacia la firma bancaria a pesar de existir advertencias formales en el Congreso. Instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, la previsional y la binacional Itaipú depositaron importantes fondos cuando ya se conocía la inestabilidad de la empresa. La Fiscalía deberá analizar la conducta de cada administrador que decidió colocar recursos públicos en una entidad en crisis.
Manipulación cambiaria y recolección de datos personales
Las consecuencias económicas del caso Ueno Bank continúan bajo la lupa fiscal por presuntas maniobras en el mercado cambiario paraguayo. Los parlamentarios señalaron una llamativa disminución del tipo de cambio superior al 25 por ciento, solicitando explicaciones al Banco Central del Paraguay sobre una probable distorsión deliberada. Asimismo, se conoció la existencia de cooperación con autoridades de Estados Unidos debido a bonos colocados en plazas internacionales que carecen del respaldo estatal ordinario.
Por último, la presentación alerta sobre el manejo indiscriminado de datos biométricos captados por firmas asociadas en espectáculos masivos, eventos deportivos y exposiciones. La denuncia advierte que miles de personas, incluidos menores de edad, brindaron registros sensibles que hoy se encuentran almacenados en servidores externos sin las debidas garantías legales. La Justicia indagará si este esquema vulneró los derechos consagrados en la normativa vigente de protección de información personal.
Datos clave
- Diputados presentaron denuncia penal ante la Fiscalía General exigiendo indagar el colapso financiero y posibles delitos patrimoniales.
- Retiros selectivos y anticipados habrían vaciado activos antes de la resolución oficial de la entidad bancaria.
- Omisión de controles oficiales de Seprelad está bajo la lupa tras registrarse más de 855 millones de dólares públicos afectados.
- Investigan manipulación cambiaria y el uso indebido de datos biométricos de la ciudadanía captados en eventos masivos.
