Las pesquisas abiertas en torno al caso Ueno Bank enfrentan presiones de sectores estatales interesados en limitar el alcance de las responsabilidades, según denunció el senador Rafael Filizzola. El parlamentario del Partido Democrático Progresista advirtió que varios funcionarios de la gestión anterior continúan en puestos estratégicos del Estado. Ante este escenario, cuestionó la falta de medidas contundentes por parte de la administración que encabeza el presidente Pedro Alliana.
Señalamientos a organismos de control estatal
El legislador opositor puso la mirada sobre las instituciones responsables de prevenir y fiscalizar movimientos sospechosos de dinero. Entre ellas citó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Contraloría General de la República. A su criterio, estas dependencias pasaron por alto operaciones llamativas de efectivo vinculadas a la crisis del caso Ueno Bank y a firmas del Grupo Vázquez.
Filizzola dirigió críticas específicas hacia Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. El senador contrastó el rigor que se aplica a los ciudadanos comunes en transacciones menores con la aparente inacción ante grandes volúmenes monetarios. De igual modo, apuntó a los controles tributarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidad que debió encender alertas tempranas sobre el conglomerado empresarial.
Presiones y sospechas en el caso Ueno Bank
De acuerdo con la advertencia del parlamentario, existen operadores y antiguos colaboradores de la gestión de Santiago Peña que conservan cuotas de poder. Estos grupos buscarían que los procesos judiciales se concentren exclusivamente en las personas imputadas hasta el momento. La intención de fondo consistiría en bloquear diligencias para evitar que el caso Ueno Bank comprometa a figuras de mayor jerarquía política.
Asimismo, el senador reiteró la necesidad de someter a juicio político al contralor general de la República, Camilo Benítez. Desde su óptica, el examen de correspondencia patrimonial aplicado al expresidente Peña careció de rigor y terminó favoreciendo su defensa. También responsabilizó de omisiones institucionales al exfiscal general del Estado Emiliano Rolón durante el desarrollo de la crisis.
Cuestionamientos a la conducción de Pedro Alliana
La crítica política abarcó también la figura del presidente Pedro Alliana, a quien Filizzola acusó de mantener una estructura heredada sin un rumbo claro. El legislador recordó que el actual mandatario formó parte del Ejecutivo previo como vicepresidente. Por tal motivo, sostuvo que no puede desentenderse de las decisiones adoptadas en ese periodo ni postergar cambios profundos.
El congresista remarcó que las movilizaciones ciudadanas y el descontento social fueron los verdaderos motores de las transformaciones institucionales recientes. A su juicio, el Poder Ejecutivo debe sumar profesionales con alta credibilidad para devolver la estabilidad económica y recuperar la confianza pública. Advirtió además que los recursos del presupuesto nacional podrían ser escasos para afrontar el impacto derivado de las irregularidades financieras.
Datos clave
- Denuncia de presiones: El senador Rafael Filizzola afirmó que funcionarios buscan limitar el avance de las pesquisas judiciales.
- Foco en el control: Cuestionó la falta de alertas en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y el fisco.
- Juicio político al contralor: Reclamó revisar la actuación de Camilo Benítez en el análisis patrimonial de Santiago Peña.
- Exigencia al Ejecutivo: Instó al presidente Pedro Alliana a renovar autoridades para devolver credibilidad a las instituciones.






