El desarrollo del caso Tía Chela sumó una nueva controversia luego de que el fiscal Silvio Corbeta advirtiera sobre supuestas presiones ejercidas por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia comparecientes clave del proceso judicial. Según el representante del Ministerio Público, las declaraciones públicas y acciones judiciales del procesado buscan condicionar las testificaciones previstas para el juicio oral. Por esta razón, el agente no descartó que el tribunal interviniente decida rever las condiciones de su libertad ambulatoria.
La controversia tomó fuerza a raíz del anuncio realizado por el exjefe comunal esteño sobre una querella criminal por presunta denuncia falsa contra el exconcejal municipal Celso Miranda, conocido como Kelembu. Miranda figura en la nómina de declarantes convocados por la fiscalía para sustentar la acusación en el futuro debate público. A criterio de los investigadores, esta maniobra judicial intenta debilitar el testimonio de una figura que impulsó varios cuestionamientos administrativos durante la gestión comunal en la capital del departamento de Alto Paraná.
Advertencia sobre medidas cautelares en el caso Tía Chela
El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta remarcó que las expresiones emitidas por el procesado no constituyen meras opiniones políticas, sino actos directos de amedrentamiento hacia personas citadas formalmente en la causa. Además de señalar el caso de Miranda, el fiscal indicó que los señalamientos también alcanzaron al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, y a otros comparecientes de alta relevancia técnica para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Ante este escenario, la fiscalía analiza la conducta procesal del acusado a la luz de las normativas vigentes en la legislación paraguaya. Si bien la imposición o modificación de restricciones corresponde de forma exclusiva al Tribunal de Sentencia competente, Corbeta puntualizó que el hostigamiento a los convocados puede motivar un endurecimiento de las medidas cautelares otorgadas previamente. En el fuero penal paraguayo, obstaculizar la averiguación de la verdad o amedrentar a partes intervinientes representa una de las causales principales para disponer la prisión preventiva de un imputado.
Antecedentes y cruces judiciales por la planta asfáltica
El conflicto entre Prieto y Miranda tiene un amplio historial de acusaciones mutuas en el ámbito esteño. El anuncio de la denuncia penal por parte del exintendente surgió luego de que la justicia desestimara una denuncia impulsada por Miranda sobre presuntas irregularidades en la adquisición de maquinarias para una planta asfáltica comunal. Tras el rechazo judicial de aquel reclamo, el exjefe comunal sostuvo que existió mala fe procesal y resolvió accionar penalmente por denuncia falsa.
Sin embargo, Corbeta brindó precisiones sobre el motivo por el cual aquella causa sobre la planta asfáltica terminó en desestimación ministerial. El agente explicó que el Ministerio Público comprobó que la licitación original pretendía beneficiar a la firma con la propuesta económica más alta. Según el fiscal, la denuncia formulada oportunamente por Miranda activó reclamos de otros proveedores y forzó la cancelación del proceso licitatorio, lo que evitó un perjuicio patrimonial directo a las arcas municipales de Ciudad del Este.
La causa por compras de alimentos y el debate oral
El origen del expediente denominado caso Tía Chela se remonta al periodo de emergencia sanitaria decretado por la pandemia de covid-19. La imputación fiscal sostiene la existencia de un presunto esquema de compras irregulares de paquetes de alimentos destinados a sectores vulnerables de la comunidad. Las indagaciones apuntan a que los insumos habrían sido adquiridos a través de proveedores que presuntamente carecían de la capacidad operativa o de la documentación correspondiente para respaldar la provisión masiva.
Desde el Ministerio Público ratificaron su postura institucional frente a las estrategias mediáticas de la defensa. Corbeta enfatizó que el equipo fiscal continuará litigando con base en los elementos técnicos arrimados a la carpeta judicial, evitando caer en confrontaciones que busquen posicionar al procesado como víctima política. La causa aguarda la fijación y desarrollo del juicio oral, instancia en la cual los jueces determinarán la responsabilidad penal de los involucrados tras escuchar a peritos y declarantes.
Datos clave
- El fiscal Silvio Corbeta denunció que Miguel Prieto busca amedrentar a comparecientes de alta relevancia convocados para el debate oral.
- La advertencia incluye señalamientos dirigidos al exconcejal Celso Miranda y al titular de la DNIT, Óscar Orué.
- El tribunal interviniente podría revisar las medidas alternativas a la prisión si se confirma un intento de obstrucción procesal.
- La causa investiga compras públicas de kits alimentarios realizadas durante la emergencia de la pandemia en Ciudad del Este.
