La investigación sobre el caso Solórzano Foppa dio un nuevo giro institucional en Guatemala tras conocerse el origen de un fusil incautado a dos repartidores detenidos tras el crimen. Las autoridades confirmaron que el armamento secuestrado está formalmente inscripto a nombre de una persona particular y no registra ninguna denuncia previa por sustracción. Este dato añade controversia a la actuación de los uniformados que intervinieron en la zona del suceso.
Declaraciones policiales sobre el caso Solórzano Foppa
El subdirector de la Policía Nacional Civil, Esvin Jacinto, compareció ante una comisión legislativa para rendir cuentas sobre la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz. Durante la audiencia, el mando admitió que la carabina hallada pertenece legalmente a un civil y carece de reporte por robo. Jacinto remarcó que competerá a la fiscalía establecer la vía por la cual el fusil terminó en la mochila de los jóvenes.
Ambos hermanos aseguraron ante las autoridades judiciales que el artefacto bélico fue implantado deliberadamente en sus pertenencias por agentes policiales tras ser interceptados en la vía pública. Ante los testimonios y la falta de pruebas concluyentes en su contra, un juzgado dictó la falta de mérito a favor de los dos trabajadores. La defensa técnica de los involucrados reclamó además una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad urbanas.
Agentes policiales bajo sospecha e investigación interna
Siete efectivos pertenecientes a la Comisaría 13 de la capital guatemalteca se encuentran bajo investigación administrativa y judicial por este procedimiento irregular. La nómina de uniformados incluye a cuatro agentes de campo, dos mandos intermedios y el comisario principal de la dependencia. Las autoridades dispusieron que los uniformados fueran apartados de sus cargos operativos habituales para ser reubicados temporalmente en funciones administrativas.
El subdirector policial defendió el traslado de los agentes señalando que la medida respeta la presunción de inocencia mientras la Inspectoría General y el Ministerio Público avanzan con las averiguaciones. Diputados fiscalizadores cuestionaron severamente que los involucrados continúen en servicio activo en dependencias estatales. Desde la institución policial alegaron que los traslados buscan garantizar el correcto desempeño de las labores mientras se define la causa.
Cuestionamientos parlamentarios y medidas oficiales
Los legisladores José Chic y Luis Javier López cuestionaron la inusual celeridad con la que se ejecutó la aprehensión de los hermanos, ocurrida apenas diez minutos después del atentado. Los parlamentarios señalaron que durante esa misma jornada se registraron otros tres ataques armados en la ciudad sin que existieran detenciones inmediatas de presuntos autores. En una de esas áreas solo se halló un vehículo abandonado con un fusil en su interior.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció una reestructuración de los sistemas de supervisión interna de las fuerzas de seguridad pública. El ministro afirmó que no avalará de antemano la tesis del montaje sin elementos probatorios contundentes aportados por los investigadores. Toda la causa penal vinculada al caso Solórzano Foppa y al fallecimiento de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro permanece bajo reserva legal.
Datos clave
- El armamento incautado a los hermanos Choc Toz pertenece legalmente a un particular y no posee denuncia por sustracción.
- Siete policías permanecen indagados por su participación en la detención de los dos repartidores tras el doble asesinato.
- La justicia dictó falta de mérito para los dos capturados tras comprobarse inconsistencias en el procedimiento oficial.
- El Ministerio Público mantiene en reserva el expediente general para esclarecer las responsabilidades del crimen y la actuación policial.
