Las derivaciones del caso Sebastián Marset provocaron un fuerte temblor político e institucional en Bolivia, donde las fuerzas de seguridad indagan el empleo irregular de rodados de alta gama por parte de miembros del Poder Judicial. El hallazgo de los vehículos ocurrió frente al Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre, capital judicial de ese país. La apertura del expediente busca determinar responsabilidades administrativas y penales en el uso indebido de bienes públicos.
El subcomandante de la Policía de Chuquisaca, Percy Carvajal, confirmó las diligencias tras la difusión de imágenes que mostraban dos rodados de lujo estacionados ante la sede judicial. Entre los bienes confiscados figuran un BMW Serie 8 Coupé de tono anaranjado y una camioneta BMW X7 de color azul. Ambos automóviles habrían formado parte de los operativos contra las redes del presunto narcotraficante uruguayo.
Vehículos incautados bajo la lupa judicial
De acuerdo con la legislación boliviana, las pertenencias incautadas en causas vinculadas a estupefacientes quedan bajo tutela de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados. Este organismo estatal tiene el mandato de custodiar, administrar o monetizar los activos requisados a organizaciones delictivas. Una normativa dictada a inicios de 2025 fijó además que las unidades móviles incautadas solo pueden cederse en comodato a dependencias policiales para operativos de seguridad.
En este escenario, el fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, solicitó informes urgentes a los encargados de los decomisos para aclarar quiénes autorizaron la entrega de los rodados. La máxima autoridad del Ministerio Público advirtió que la utilización de estos bienes para traslados particulares constituiría un delito de malversación estatal.
El avance judicial del caso Sebastián Marset
Por su parte, la presidenta interina del máximo tribunal, Rosmery Ruiz, detalló que uno de los coches llegó al Órgano Judicial en 2023 bajo la figura de comodato. El automóvil terminó asignado con posterioridad a quien ejercía la presidencia de la corporación, Romer Saucedo. Ruiz ordenó una auditoría en las nueve circunscripciones del país para fiscalizar todos los móviles confiscados que estén en poder de magistrados.
El impacto regional del caso Sebastián Marset, prófugo requerido por la justicia paraguaya en el marco del operativo A Ultranza Py, vuelve a evidenciar sus ramificaciones transfronterizas. Las investigaciones en territorio boliviano buscan desmantelar los nexos de protección estatal que facilitaron la fuga del sospechoso uruguayo en intervenciones anteriores.
Crisis institucional y pedido de captura
El escándalo estalló en coincidencia con una severa fricción de poderes en el país vecino. El expresidente del tribunal, Romer Saucedo, huyó al extranjero y denunció una supuesta persecución política orquestada por el Poder Ejecutivo boliviano. El exmagistrado alegó que se intentaba criminalizar su labor debido a sus posturas institucionales independientes.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Gobierno revelaron la existencia de un mandamiento de detención contra Saucedo por presunto narcotráfico y asociación delictiva. Los informes oficiales lo vinculan con redes de protección policial y judicial de las que también habría participado el exfiscal general Roger Mariaca, actualmente bajo prisión preventiva.
Frente al abandono de funciones de Saucedo, el expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé señaló la necesidad imperiosa de encarar reformas estructurales en el sistema judicial. Las autoridades policiales continúan recuperando los coches de alta gama involucrados en el caso Sebastián Marset mientras avanzan las pericias.
Datos clave
- Vehículos requisados: La Policía investiga el uso personal de dos automóviles de alta gama decomisados al presunto narcotráfico.
- Mandato de detención: Romer Saucedo, extitular de la máxima instancia judicial, afronta una orden de captura por presunta asociación criminal.
- Auditoría general: El Poder Judicial de Bolivia ordenó revisar la asignación de todos los vehículos incautados en los nueve departamentos.
- Normativa vulnerada: La legislación vigente prohíbe el uso de bienes incautados fuera de tareas operativas de las fuerzas de seguridad.
