En el marco de la investigación sobre el caso Ronaldinho Dalia López, el Ministerio Público reveló los detalles del presunto mecanismo empleado para conseguir documentaciones paraguayas originales que luego fueron adulteradas. La acusación fiscal sostiene que se captaba a personas en situación vulnerable para que gestionaran pasaportes a cambio de pequeñas sumas de dinero en efectivo.
La cadena de intermediarios y captación
Según el escrito formulado por los agentes fiscales Christian Ortiz, José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo y Juan Sandoval, la estructura funcionaba bajo directivas precisas. La empresaria habría encomendado las gestiones iniciales a sus colaboradores de confianza, Sebastián Medina e Iván Ocampos. A partir de allí, se activó una red de contactos que involucró a funcionarios estatales.
La conexión institucional se estableció presuntamente a través de Bernardo Arellano, funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones. Arellano contactó a Cirilo Amarilla, personal del Departamento de Identificaciones que ya cuenta con condena firme por estos hechos. Amarilla recurrió a su vez a Vicente Martínez, quien también resultó condenado dentro del proceso judicial abierto en Asunción.
La cadena continuó con Stella Marys Lugo, igualmente condenada por la Justicia paraguaya, a quien se le encomendó alistar a las personas dispuestas a tramitar los pasaportes. A cambio de prestarse a esta diligencia oficial ante las ventanillas estatales, cada reclutado percibía un pago directo de 300.000 guaraníes.
El esquema en el caso Ronaldinho Dalia López
La pesquisa fiscal individualizó a los ciudadanos captados para gestionar los documentos originales que luego terminaron adulterados. María Isabel Gayoso tramitó la libreta con numeración Q56828, mientras que Esperanza Apolonia Caballero Coronil obtuvo el pasaporte paraguayo Q569753. De igual manera, Víctor Manuel Cabrera Villalba gestionó la libreta número Q568927.
Posteriormente, los datos biográficos de estos documentos auténticos sufrieron una modificación sustancial de su contenido formal. En el expediente del caso Ronaldinho Dalia López, se acreditó que el primer pasaporte fue asignado a nombre de Ronaldo de Assis Moreira y el segundo a su hermano Roberto. La tercera libreta quedó a nombre del representante empresarial Wilmondes Sousa Lira.
A este circuito se sumó la producción de cédulas paraguayas de contenido falso identificadas con los números 3.122.656 y 3.122.657. Ambos documentos atribuían fraudulentamente la condición de ciudadanos paraguayos naturalizados a los hermanos brasileños. De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público, todos los recursos financieros para sostener las operaciones provenían de la empresaria acusada.
Montos pagados y situación procesal
Los fiscales sostienen que la acusada desembolsó una cifra estimada en 19.000 dólares para conseguir las documentaciones oficiales adulteradas. Dicha suma habría financiado tanto la obtención irregular de las cédulas como los trámites de radicación permanente ante Migraciones. Ninguno de los beneficiarios extranjeros cumplía con los requisitos legales vigentes ni planeaba radicarse en territorio nacional.
Tras analizar las pruebas acumuladas en el caso Ronaldinho Dalia López, los fiscales acusaron formalmente a la empresaria como supuesta instigadora. Los delitos atribuidos corresponden a la producción mediata y al uso de documentos públicos de contenido falso. Actualmente, la procesada permanece bajo arresto domiciliario controlado mediante tobillera electrónica, a la espera del auto de elevación a juicio oral.
Impacto en los controles de seguridad documental
El episodio tomó estado público cuando el exfutbolista brasileño arribó a la terminal aérea internacional del país, desatando una profunda crisis institucional. Su ingreso con documentos oficiales alterados colocó bajo sospecha a varias oficinas gubernamentales de control de identidad y de control fronterizo.
Las pesquisas permitieron reconstruir la vulneración interna de los sistemas informáticos y administrativos de expedición de identificaciones. Las autoridades judiciales recalcaron la importancia de sancionar a todos los responsables de la red para devolver garantías a la expedición de instrumentos públicos oficiales.
Datos clave
- Pago a reclutados: Se abonaban 300.000 guaraníes a cada ciudadano que gestionaba su pasaporte oficial para luego adulterarlo.
- Costo total de la trama: La Fiscalía sostiene que la empresaria desembolsó 19.000 dólares para concretar la documentación irregular.
- Documentos adulterados: Las libretas originales fueron modificadas para adjudicar identidad paraguaya naturalizada a Ronaldo de Assis Moreira y sus acompañantes.
- Situación judicial actual: Dalia López enfrenta acusación formal por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, con pedido de juicio oral.
