El fallo judicial sobre el caso Hernán Rivas reabrió el debate en Asunción acerca de las estructuras de poder que sostuvieron su trayectoria pública durante más de seis años. La condena en primera instancia a ocho años de prisión por el uso de un título falso de abogado evidenció la prolongada protección que rodeó al exlegislador. Su ascenso a cargos claves ocurrió a pesar de los constantes cuestionamientos sobre su formación universitaria.
De la Cámara Baja a la presidencia del órgano juzgador
El despegue institucional del dirigente comenzó formalmente a consolidarse en junio de 2020. En aquella oportunidad, la Cámara de Diputados decidió remover a Ramón Romero Roa para situar a Rivas como representante parlamentario ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Dicha designación se consumó cuando el legislador todavía no poseía matrícula profesional y su título universitario fue registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias con posterioridad a la votación.
Aquella designación generó reclamos en el ámbito judicial, incluyendo advertencias públicas del entonces magistrado Emiliano Rolón sobre la gravedad de asumir funciones tan delicadas. Pese a las objeciones, la mayoría partidaria ratificó su respaldo en junio de 2021 para que continuara en el cargo. Con esa plataforma, el representante mantuvo facultades directas para intervenir en procesos que podían sancionar o remover a jueces y agentes fiscales en todo el país.
El avance del legislador se profundizó tras los comicios generales de 2023, cuando obtuvo una banca en la Cámara de Senadores. La mayoría legislativa lo designó nuevamente ante el Jurado y, el 10 de julio de ese mismo año, asumió la presidencia de la institución. Sin embargo, los cuestionamientos sobre su patrimonio y la validez de su título forzaron su dimisión de la titularidad del órgano apenas semanas después.
Las inconsistencias académicas y la protección parlamentaria
Los reparos hacia su documentación universitaria contaban con antecedentes concretos dentro del propio aparato estatal. José Casañas Levi, en su calidad de director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación, había dictaminado en contra del registro del diploma emitido por la Universidad Sudamericana. Aquel análisis técnico remarcó la falta de constancias para acreditar el cursado regular de la carrera y detectó llamativas contradicciones sobre las ciudades donde supuestamente asistió a clases.
Pese a los informes administrativos desfavorables, el oficialismo mantuvo una férrea defensa en torno a su figura. En octubre de 2023, parlamentarios de Honor Colorado aseguraron que los papeles oficiales avalaban la idoneidad del legislador. Dos meses después, la bancada mayoritaria bloqueó un intento de pérdida de investidura en el Senado y frenó iniciativas destinadas a elevar las exigencias profesionales para integrar el tribunal disciplinario.
El presidente de la República, Santiago Peña, también justificó públicamente al entonces senador durante diversos momentos de la controversia. El jefe de Estado argumentó en su momento que correspondía exclusivamente a los tribunales dirimir la autenticidad del documento. Además, llegó a reivindicar en entrevistas radiales la amistad personal que mantenía con el dirigente desde la campaña proselitista de 2017.
El desenlace judicial y las repercusiones políticas del caso Hernán Rivas
El camino penal no estuvo exento de tensiones y resoluciones encontradas. Tras un sobreseimiento dictado inicialmente por prescripción, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia para reactivar el proceso. Durante esa etapa, Sánchez denunció haber sido blanco de presuntas amenazas vinculadas a su labor en la causa y requirió medidas de resguardo personal.
A lo largo de este proceso, el caso Hernán Rivas puso en entredicho el funcionamiento de las instituciones judiciales y parlamentarias. La presión social y la inminencia del juicio oral precipitaron un permiso temporal del legislador en abril de 2026, acordado tras un encuentro en Mburuvicha Róga. Finalmente, al no contar con respaldo suficiente para evitar su destitución definitiva, el senador presentó su renuncia en mayo de ese año.
El Tribunal de Sentencia dictó la pena de ocho años de cárcel el 24 de septiembre de 2026, al concluir que no se demostró la autenticidad del diploma universitario. La resolución de primera instancia desató un rápido distanciamiento por parte de antiguos aliados, quienes manifestaron haber sido sorprendidos en su buena fe. De esta forma, el caso Hernán Rivas expone cómo una red de complicidades políticas sostuvo en la cúspide a una autoridad cuestionada.
Datos clave
- Condena judicial: El exlegislador recibió una sentencia de ocho años de cárcel en primera instancia por el empleo de un título falso de abogado.
- Ascenso cuestionado: Ocupó la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en 2023 antes de dimitir ante los reclamos gremiales y ciudadanos.
- Advertencias desoídas: Informes anticorrupción del Ministerio de Educación ya habían advertido sobre graves irregularidades y la carencia de registros académicos.
- Blindaje político: Mayorías parlamentarias impidieron la pérdida de investidura y defendieron su permanencia en el Congreso durante años.
