El caso Fernando Rosales continúa marcado por la incertidumbre y las demoras procesales en El Salvador, tras más de cuatro años de la desaparición del comerciante en la ciudad de Santa Ana. A pesar de contar con registros de cámaras de seguridad y cuatro personas procesadas, la causa permanece estancada en los tribunales salvadoreños. La familia del trabajador exige respuestas claras sobre su destino mientras denuncia constantes postergaciones judiciales.
La persecución captada por cámaras de seguridad
Fernando Andrés Rosales Gallegos, de 35 años, residía en Mejicanos y trabajaba en la venta de productos variados en ferias y mercados. La mañana del sábado 5 de marzo de 2022, el vendedor se trasladó hasta el Mercado Central de Santa Ana para comercializar mercadería como ropa y detergentes. Al perder todo contacto telefónico durante la tarde, sus familiares iniciaron de forma inmediata gestiones para encontrarlo.
Los registros de videovigilancia incorporados al expediente permitieron reconstruir los minutos previos a su desaparición. En las grabaciones y testimonios recopilados se observa que varios hombres comenzaron a seguirlo mientras caminaba por la zona comercial. Ante la amenaza evidente, el comerciante intentó resguardarse dentro de una ferretería cercana.
Desde ese establecimiento comercial, el hombre alertó a su pareja mediante una llamada telefónica para solicitar la intervención urgente de una patrulla policial. Cuando intentó alejarse tras notar que los sospechosos fingían dispersarse, un grupo compuesto por unas ocho personas lo interceptó en la vía pública. Posteriormente, la víctima fue obligada a ingresar contra su voluntad a un negocio de ropa usada, donde se perdió su rastro.
Las trabas judiciales que frenan el caso Fernando Rosales
Las actuaciones investigativas impulsadas por la querella familiar permitieron la aprehensión de cuatro personas, tres hombres y una mujer, vinculadas a actividades comerciales en el mercado. Sin embargo, los avances concretos dentro del caso Fernando Rosales se toparon con reiteradas dilaciones procesales en los tribunales.
La audiencia preliminar fijada para el expediente sufrió más de doce suspensiones a lo largo de los últimos años. Esta serie de postergaciones administrativas impidió la elevación del proceso a la fase de juicio oral. Uno de los imputados accedió a medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras los otros tres continúan recluidos bajo investigación preliminar.
La representación legal de los familiares subraya que las detenciones realizadas no aportan información certera sobre el paradero definitivo de la víctima. Para los allegados, resulta indispensable determinar la identidad de quienes ejecutaron de forma material el traslado forzoso y esclarecer qué ocurrió tras el ingreso al comercio.
La lucha constante de los familiares y colectivos de búsqueda
La hermana del comerciante, Esmeralda del Carmen Rosales, asumió un rol activo en la coordinación del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador. La organización reúne a decenas de familias que reclaman investigaciones eficaces ante las autoridades gubernamentales. La madre de la víctima también mantiene la colocación de carteles informativos en diversos espacios urbanos, a pesar de sus problemas de salud.
En sus intervenciones públicas, la familia sostiene que el caso Fernando Rosales no debe quedar en el olvido institucional ni sumarse al archivo de la impunidad. Los allegados expresan que el objetivo primordial sigue siendo hallar los restos del comerciante para brindarle una sepultura digna y cerrar un duelo prolongado por la inacción estatal.
Datos clave
- Desaparición en zona comercial: Fernando Andrés Rosales fue interceptado el 5 de marzo de 2022 en inmediaciones del Mercado Central de Santa Ana tras ser seguido por varios desconocidos.
- Evidencia audiovisual: Cámaras de seguridad registraron el momento en que un grupo de aproximadamente ocho personas obligó al trabajador a ingresar a un local comercial.
- Proceso estancado: Aunque existen cuatro personas imputadas por la privación de libertad, la audiencia preliminar fue suspendida más de doce veces en sede judicial.
- Acompañamiento colectivo: El caso forma parte de las causas visibilizadas por el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en reclamo de justicia y verdad.
