La investigación judicial conocida como Caso Éxodo reveló presuntos nexos políticos y financieros tras la detención de los empresarios de espectáculos Don Stockwell Ulloa y Hugo Benavides Barboza en Costa Rica. Las pesquisas encabezadas por el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público apuntan a una red de legitimación de capitales vinculada a Edwin Vargas García, alias Sobrino. El grupo investigado habría inyectado unos 859.000 dólares estadounidenses en recitales masivos organizados en suelo costarricense.
Encuentros en recitales y mensajes bajo la lupa del Caso Éxodo
Uno de los episodios centrales ocurrió el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional durante el show de la banda mexicana Grupo Firme, producido por la firma de Hugo Barboza. En esa fecha, la actual mandataria Laura Fernández, entonces ministra de la Presidencia y presidenta electa, acudió a zonas exclusivas del recinto. La mandataria recibió flores, saludó al organizador con un abrazo y conversó en camerinos con el cantante Eduin Caz.
A dicha actividad también asistieron su esposo Jeffry Umaña, el vicepresidente electo Francisco Gamboa y Pablo Martínez Bertozzi, quien meses después asumió la jefatura de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Las autoridades aclararon que la investigación policial llevaba dos años de curso al momento del recital. Sin embargo, los reportes judiciales no atribuyen a los gobernantes ninguna implicación en las maniobras económicas ilícitas bajo indagación.
Horas después de las capturas, informes policiales señalaron que Barboza habría presumido las imágenes obtenidas con la mandataria ante otros integrantes del grupo a través de Snapchat. El fiscal general Carlo Díaz confirmó el respaldo del FBI estadounidense dentro del Caso Éxodo para recuperar y asegurar los intercambios digitales entre el sospechoso apodado Sobrino y el promotor de espectáculos, evidencia considerada crucial para el expediente penal.
Financiamiento electoral a partidos políticos
La situación de Don Stockwell presenta aristas de orden electoral. Registros oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones dan cuenta de aportes monetarios efectuados por el empresario a diversas fuerzas partidarias, entre los que destaca un desembolso superior a 14 millones de colones, unos 30.000 dólares, destinados a la campaña presidencial de Natalia Díaz por el partido Unidos Podemos.
Además del respaldo financiero declarado formalmente ante el organismo electoral, imágenes difundidas mostraron al productor participando en actividades proselitistas junto a la entonces postulante. La Fiscalía examina si los movimientos financieros vinculados al Caso Éxodo guardan conexión con el financiamiento político o si corresponden a operaciones aisladas del empresario.
Cuestionamientos de seguridad y otros antecedentes
El avance de las diligencias generó intensos debates acerca de los filtros de seguridad que rodean a las máximas autoridades del país centroamericano. La presencia de investigados cerca de figuras del Ejecutivo encendió alarmas institucionales, sobre todo tras trascender que la policía judicial ya mantenía vigilados a los empresarios antes de aquellos encuentros públicos.
El clima de tensión política se suma a la reciente captura con fines de extradición hacia Estados Unidos de Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam Cheong. El individuo, sindicado como presunto lavador de dinero para estructuras del narcotráfico de México y Colombia, apareció en fotografías junto a la exdiputada Pilar Cisneros en los festejos electorales de febrero de 2026.
Tanto Fernández como Cisneros negaron cualquier tipo de vinculación con Tam Zhang y aseguraron desconocer las razones de su asistencia a los festejos oficiales. El oficialista Partido Pueblo Soberano dispuso una investigación interna para esclarecer la invitación del ciudadano extranjero, mientras sectores de oposición reclaman explicaciones detalladas ante las reiteradas coincidencias fotográficas.
Datos clave
- Operativos judiciales: el Organismo de Investigación Judicial ejecutó 22 allanamientos para detener a los productores Don Stockwell y Hugo Barboza por presunta legitimación de capitales.
- Fondos ilícitos: la red criminal atribuida a Edwin Vargas García, alias Sobrino, habría inyectado unos 859.000 dólares en espectáculos artísticos multitudinarios.
- Contactos políticos: Barboza compartió áreas exclusivas con la presidenta Laura Fernández, mientras que Stockwell financió con más de 14 millones de colones a la agrupación de Natalia Díaz.
- Asistencia internacional: el Ministerio Público costarricense contó con apoyo del FBI para recuperar mensajes clave de redes sociales intercambiados entre los presuntos cabecillas.
