La Justicia paraguaya dio un paso decisivo en el caso espionaje Senad al confirmar la prescripción penal para dos de los procesados y ratificar la absolución de un tercero en Asunción. La determinación fue tomada por mayoría en el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, que estudió las impugnaciones planteadas contra el veredicto del juicio oral dictado a mediados de 2024.
La controversia judicial se originó a partir de presuntas irregularidades en la adquisición de sofisticada tecnología de interceptación de comunicaciones telefónicas para la Secretaría Nacional Antidrogas. El Ministerio Público sostenía que la operación causó un perjuicio financiero al erario público superior a diez mil millones de guaraníes.
Resoluciones en el caso espionaje Senad
Los camaristas Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín resolvieron declarar extinguida la causa penal por prescripción para Alberto Daniel Ferreira Martí, quien enfrentaba cargos por presunta lesión de confianza. Bajo el mismo argumento legal, los magistrados determinaron extinguir la persecución penal contra Silvia María Jara Acha, acusada formalmente por producción de documentos no auténticos.
En la misma resolución judicial, el colegiado ratificó la sentencia absolutoria en beneficio de Hugo Danilo González Rodríguez, quien también se encontraba investigado por el tipo penal de lesión de confianza. Por su parte, la jueza Adriana Giagni emitió un voto en disidencia parcial, pronunciándose a favor de mantener firme en todos sus puntos la resolución absolutoria dictada por el tribunal de primera instancia.
El fiscal Luis Lionel Piñánez había presentado una apelación con la intención de dejar sin efecto las absoluciones del tribunal integrado por los magistrados Víctor Ortiz, Matías Garcete y Lourdes Garcete. El agente fiscal fundamentó su reclamo señalando deficiencias procesales en el análisis probatorio y cuestionó la conclusión de que no se produjo quebranto patrimonial para el Estado paraguayo.
Cómputo de plazos y extinción de la causa
Para justificar la prescripción de los hechos, los camaristas evaluaron los plazos procesales transcurridos desde que cesaron las conductas objeto de investigación penal. En el caso de Ferreira Martí, el tribunal fijó la culminación de los acontecimientos en enero de 2013, concluyendo que el plazo máximo feneció en febrero de 2024 tras descontar las pausas obligatorias por la pandemia sanitaria.
Una situación temporal semejante se constató en el expediente de Jara Acha, cuya conducta indagada concluyó con la entrega de una factura cuestionada en abril de 2014. El cómputo judicial determinó que el lapso legal para proseguir con el enjuiciamiento también expiró en febrero de 2024, semanas antes de que iniciaran las deliberaciones del juicio oral.
Respecto a González Rodríguez, el tribunal consideró que las conductas investigadas se extendieron hasta diciembre de 2015. Debido a que el límite temporal para prescribir aún no se había agotado cuando se dictó la sentencia de primera instancia, la Cámara consideró prudente y ajustado a derecho sostener su absolución de culpa y reproche.
Las absoluciones previas y condenas firmes
El debate público y judicial en torno al caso espionaje Senad generó profundas repercusiones institucionales debido al perfil de las exautoridades que estuvieron imputadas. Con anterioridad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló las condenas de tres años y de cuatro años y medio impuestas a los exministros Francisco De Vargas y Luis Rojas, disponiendo la absolución definitiva de ambos.
La máxima instancia judicial fundamentó en su momento que las hipótesis de daño patrimonial no tenían un soporte técnico suficiente conforme a los términos de la acusación. La Corte consideró que las observaciones en el ingreso aduanero podían constituir eventualmente contrabando o faltas administrativas, pero no configuraban la lesión de confianza atribuida a los extitulares de la entidad antidrogas.
A pesar del cierre de estas etapas procesales para los funcionarios públicos, el proceso mantiene sanciones vigentes para los intermediarios comerciales. Las condenas de cuatro años de pena privativa de libertad impuestas a los proveedores Nicasio Bóbeda y Alfredo Bóbeda, por producción de documentos no auténticos, continúan firmes y de cumplimiento obligatorio.
El desenlace de este prolongado litigio en el emblemático caso espionaje Senad marca el final de la persecución penal para los colaboradores estatales implicados, mientras que la responsabilidad recae exclusivamente en los actores del sector privado que suministraron los cuestionados implementos de seguridad.
Datos clave
- Prescripción confirmada: el Tribunal de Apelación declaró prescripta la causa penal para Alberto Daniel Ferreira Martí y Silvia María Jara Acha por el transcurso de los plazos legales.
- Absolución ratificada: la Cámara confirmó la desvinculación definitiva de Hugo Danilo González Rodríguez del proceso penal por supuesta lesión de confianza.
- Sanciones firmes: permanecen vigentes e inalterables las condenas de cuatro años de prisión para los proveedores Nicasio Bóbeda y Alfredo Bóbeda.
- Antecedente de exministros: la Corte Suprema de Justicia ya había dispuesto la absolución previa de los extitulares de la Senad Francisco De Vargas y Luis Rojas.
