La crisis humanitaria en las cárceles de Cuba causó la muerte de al menos 115 reclusos bajo custodia del Estado entre febrero de 2024 y junio de 2026, según denunció la organización defensora de derechos humanos Cubalex ante Naciones Unidas. El reporte técnico fue remitido formalmente al Relator Especial de la ONU sobre la tortura, con el propósito de aportar evidencia a una guía internacional orientada a frenar el hacinamiento penitenciario.
El documento subraya que el encierro masivo responde a una política punitiva sistemática y a una opacidad sostenida por parte de las autoridades de la isla caribeña.
Negligencia médica y muertes por desnutrición en prisión
De los 115 fallecimientos comprobados durante el periodo analizado, el informe atribuyó 80 casos, equivalentes al 69,6%, a lo que denomina omisión estructural del aparato estatal. Este apartado engloba la falta recurrente de asistencia sanitaria, los entornos insalubres y el desinterés deliberado ante el deterioro físico continuo de las personas privadas de su libertad.
El reporte expone además un dato alarmante: por lo menos 21 internos murieron como consecuencia directa de desnutrición severa o inanición. Muchos de los reclusos presentaron cuadros clínicos terminales con coma metabólico y desnutrición de grado tres, etapas críticas en las que no existió atención hospitalaria adecuada ni adecuación nutricional dentro de las cárceles de Cuba.
Prisión preventiva masiva y opacidad estadística oficial
La sobrepoblación en los centros de detención no representa solo una deficiencia edilicia, sino una estrategia judicial punitiva constante. El gobierno no divulga registros periódicos sobre la población penitenciaria, la capacidad de los recintos ni las tasas procesales, un hermetismo que ya fue advertido en 2022 por el Comité contra la Tortura de la ONU.
Cálculos no gubernamentales de 2020 calculaban cerca de 90.000 reclusos en el país, lo que arroja una tasa de 794 presos por cada 100.000 habitantes, una de las proporciones más elevadas del planeta. Aunque la Ley del Proceso Penal vigente consagra que la prisión cautelar debe ser una medida excepcional, los tribunales la aplican de forma sistemática y desestiman alternativas contempladas legalmente, tales como el arresto domiciliario o el trabajo correccional sin internamiento.
Las propuestas de reforma remitidas al organismo internacional
El análisis técnico puntualiza que las liberaciones temporales de carácter político no resuelven el trasfondo punitivo que rige en las cárceles de Cuba. Si bien los acuerdos diplomáticos elevaron a 245 los presos políticos excarcelados en 2025 frente a los 34 computados en 2024, la legislación continúa imponiendo trabas procesales que bloquean libertades condicionales a internos comunes y opositores.
Para frenar la pérdida de vidas y reducir el colapso penitenciario, Cubalex propuso ante la ONU instaurar un control judicial temprano mediante audiencias contradictorias y fijar topes temporales a la prisión preventiva. Asimismo, planteó habilitar una vía médica humanitaria independiente del Ministerio del Interior, prohibir que se nieguen beneficios carcelarios por motivos ideológicos y permitir inspecciones internacionales periódicas dentro de los penales.
Datos clave
- Denuncia formal: Cubalex documentó 115 muertes bajo custodia estatal en las cárceles de Cuba entre febrero de 2024 y junio de 2026 ante el Relator Especial de la ONU.
- Omisión estatal: Casi el 70% de los decesos obedeció a la falta de atención médica e insalubridad, incluyendo 21 casos letales provocados por desnutrición severa.
- Sobrepoblación: Estimaciones independientes señalan una tasa de 794 presos por cada 100.000 habitantes en el país insular.
- Exigencia técnica: La iniciativa solicita supervisiones médicas externas, fijar plazos a la prisión preventiva y permitir auditorías internacionales independientes.
