El cambio de uso de suelo en terrenos boscosos podría ser habilitado formalmente en El Salvador tras una propuesta remitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al Congreso. El proyecto de reforma legislativa fue girado a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial para su evaluación técnica y posterior dictamen legislativo en la capital salvadoreña.
La propuesta busca modificar el artículo 12 de la normativa forestal vigente, la cual hasta ahora impide cambiar el destino de aquellas tierras que cuentan con masa arbórea en clases específicas. Con esta enmienda, las categorías de suelo identificadas técnicamente como VI, VII y VIII contarían con mecanismos de excepción bajo circunstancias especiales y justificadas ante los organismos pertinentes.
Las condiciones técnicas para el cambio de uso de suelo
De acuerdo con los términos presentados por el Ejecutivo salvadoreño, las autoridades abrirían la posibilidad de gestionar autorizaciones para el cambio de uso de suelo en tres supuestos concretos. La primera causal contempla los casos en que se demuestre una alteración fehaciente en las características del entorno circundante que justifique la intervención.
El segundo supuesto comprende aquellos inmuebles cuyas restricciones técnicas originales no reflejen las condiciones reales observadas en el terreno. Por último, la iniciativa autoriza la modificación de destino para proyectos catalogados formalmente como de interés público, siempre que los solicitantes garanticen medidas activas de conservación de la tierra.
El articulado propuesto aclara que la eventual autorización no exime a los desarrolladores de sus obligaciones financieras y técnicas. Los interesados deberán canalizar sus gestiones de forma integral ante las dependencias correspondientes, respetando los estándares ambientales mínimos fijados por la legislación vigente.
Compensación económica y el rol del ordenamiento territorial
En materia de costos, la reforma contempla que los beneficiarios deberán abonar una compensación urbanística en efectivo equivalente al 20% del valor comercial de la propiedad. Dicho porcentaje se basa en las disposiciones establecidas en la ley creadora de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), entidad que centraliza las autorizaciones en materia de edificación.
El valor comercial del inmueble deberá ser determinado mediante un perito valuador debidamente certificado ante la Superintendencia del Sistema Financiero. Los costos derivados de estas pericias correrán por cuenta exclusiva del interesado, salvando únicamente excepciones para inmuebles con declarada función social o zonas bajo protección de riego específico.
Esta medida busca armonizar la normativa ambiental con las potestades concedidas a la DOT, creada en 2024 para agilizar licencias de obras. Con las modificaciones al marco legal, los trámites de cambio de uso de suelo quedaron centralizados en dicha entidad con el fin de optimizar tiempos administrativos en el sector constructivo.
Espacios protegidos que mantendrán una prohibición total
A pesar de la flexibilización planteada para predios clasificados, la iniciativa legal incluye salvaguardas categóricas para áreas de extrema fragilidad ecológica. Quedan expresamente vetados de cualquier modificación los bosques salados, las zonas reconocidas bajo el convenio Ramsar y las áreas naturales protegidas, incluso si estas últimas carecen de decreto formal.
La preservación de estos ecosistemas responde a compromisos internacionales y a la necesidad de resguardar fuentes hídricas críticas y amortiguadores de desastres climáticos. La administración salvadoreña subrayó que estas zonas no podrán ser reconvertidas bajo ninguna causal técnica o de inversión urbana.
La discusión sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y protección forestal representa un desafío habitual en Centroamérica y en países como Paraguay, donde las leyes de ordenamiento territorial y conservación debaten permanentemente los criterios de uso productivo frente a la sostenibilidad de los recursos naturales.
Datos clave
- Iniciativa oficial: El Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó una reforma para flexibilizar restricciones en suelos de vocación forestal.
- Causales específicas: Se permitirá el trámite ante alteraciones del entorno, discrepancias técnicas del predio o ejecución de obras de interés público.
- Compensación financiera: Los solicitantes aprobados deberán pagar una compensación del 20% del valor comercial de la propiedad a la DOT.
- Exclusiones estrictas: La normativa prohíbe de forma tajante autorizar cambios en bosques salados, sitios Ramsar y áreas naturales protegidas.
