El proceso de extinción de dominio sobre costosos bienes vinculados al exfiscal general salvadoreño Luis Antonio Martínez González avanzó tras una resolución judicial clave. El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió los elementos probatorios presentados por los intervinientes para el debate final. La instancia resolvió que las evidencias reunidas son pertinentes para evaluar si el patrimonio cuestionado pasa de forma definitiva al Estado.
La determinación adoptada en la audiencia preparatoria comprende seis propiedades y once vehículos atribuidos al exjefe del Ministerio Público y a otras siete personas investigadas. Los bienes bajo la lupa oficial abarcan residencias en La Libertad, San Salvador y Sonsonate, además de rodados de alta gama como modelos Porsche y BMW. El tribunal también aceptó recibir los testimonios directos de Martínez y de su antiguo gerente general durante la próxima etapa de sentencia.
El alcance de la extinción de dominio y los bienes afectados
Dentro de la normativa procesal penal regional, la figura de extinción de dominio representa una acción judicial dirigida contra el patrimonio ilícito y no contra las personas. Su propósito central consiste en privar a particulares del derecho sobre cosas obtenidas mediante enriquecimiento sin causa o actividades delictivas. En este expediente en particular, el juzgado aún no determinó el traspaso patrimonial, sino que habilitó la discusión definitiva que resolverá el destino de los inmuebles y rodados.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los activos indagados registran conexiones con presuntas maniobras de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y confusión deliberada de fondos públicos con patrimonios privados. Entre los titulares de los bienes señalados figura una hermana del exfuncionario, identificada como Margarita Lisset Aguirre González, a cuyo nombre se encuentra inscripto un inmueble. Por su parte, otros dos excolaboradores de la institución registran a su favor rodados y terrenos sometidos al escrutinio judicial.
Maniobras atribuidas y antecedentes de la gestión
El órgano acusador sostiene que durante la administración del exfiscal operó una supuesta estructura ilícita destinada a desviar recursos del presupuesto público. Los investigadores detallaron la presunta sustracción de sumas decomisadas, la cobertura de gastos particulares con dinero estatal y pagos indebidos de servicios personales. Asimismo, el expediente contempla imputaciones por la supuesta utilización de personas interpuestas para camuflar la adquisición y administración de los bienes requeridos.
Martínez ejerció la máxima representación del Ministerio Público salvadoreño desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2015. No se trata del primer revés que afronta ante los estrados de su país, puesto que ya registra sentencias condenatorias previas por irregularidades cometidas mientras ocupaba el cargo. En 2025, un tribunal penal le impuso diez años de prisión por fraude procesal y omisión de investigación, sanción dividida en partes iguales por ambos hechos punibles.
Procesos civiles conexos y causas abiertas
En el fuero civil, la Cámara de lo Penal del Centro condenó a Martínez por enriquecimiento injustificado a finales de 2024. El dictamen judicial ordenó al exfuncionario la restitución al Estado de más de setenta y un mil dólares estadounidenses no respaldados documentalmente. Dicho fallo incluyó la sanción de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier función dentro de la administración pública.
El exjefe fiscal también permanece procesado en la megacausa caratulada como Corruptela, donde se investigan delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. En este marco general, el próximo debate de sentencia pondrá a prueba la solidez probatoria del Ministerio Público para despojar formalmente los bienes identificados en favor del erario nacional salvadoreño.
Datos clave
- Bienes bajo proceso judicial: la causa abarca seis inmuebles y once vehículos de marcas exclusivas vinculados a Martínez y siete allegados.
- Resolución preparatoria: el juzgado especializado convalidó la totalidad de pruebas presentadas y fijó la recepción de declaraciones testimoniales.
- Antecedentes condenatorios: el exfiscal cumple una pena carcelaria de diez años por fraude procesal y afronta condenas civiles por enriquecimiento ilícito.
