Una causa judicial sin precedentes sitúa a cientos de cabecillas de Barrio 18 ante los tribunales salvadoreños para responder por una extensa cadena de crímenes. La Fiscalía General de la República formalizó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador un requerimiento que reúne 14.497 imputaciones penales. La acción judicial alcanza a un total de 564 mandos de las facciones Sureños y Revolucionarios de la mencionada estructura ilícita.
El requerimiento presentado por el Ministerio Público abarca hechos punibles perpetrados durante un periodo comprendido entre los años 2012 y 2026. Según expusieron las autoridades fiscales, el objetivo del proceso penal radica en obtener sentencias condenatorias de prisión perpetua o sanciones ejemplares. La causa se dirige contra quienes habrían ejercido la conducción jerárquica para ordenar atentados, homicidios sistemáticos, extorsiones y ataques directos contra las fuerzas de seguridad.
De los imputados en este proceso, 474 sospechosos ya se encuentran bajo detención carcelaria, mientras que 90 personas continúan en calidad de ausentes con órdenes de captura vigentes. Entre los acusados de mayor relevancia figuran José Timoteo Mendoza Flores, alias Chory One; Douglas Geovanny Velásquez Navas, alias Payaso; y Melvin Alexander Alegría Solórzano, alias Muerto. Asimismo, la lista incorpora a César Daniel Renderos Díaz, alias Muerto; Anthony Javier Pleitez Amaya, alias Centinela; Víctor Antonio Cerón García, alias Duke; y Jefry Isaac Corvera Morán, alias Xochitl.
Acusaciones de terrorismo y rebelión contra el Estado
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Múñoz, detalló que los investigados enfrentan procesamientos por integración en organizaciones terroristas, delito que en la normativa salvadoreña contempla la máxima penalidad privativa de libertad. A la vez, se les atribuye el delito de rebelión debido a su presunta intención de instaurar un poder criminal de facto. La fiscalía sostiene que intentaron adjudicarse atribuciones constitucionales reservadas al Estado mediante métodos violentos concebidos para infundir temor generalizado en la sociedad.
Las pesquisas fiscales revelaron que las directivas impuestas por los cabecillas de Barrio 18 contemplaban el adiestramiento con tácticas militares antes de ejecutar ofensivas contra instituciones oficiales. En el marco del expediente judicial constan diversos atentados perpetrados mediante artefactos explosivos entre 2014 y 2015. Uno de los episodios descritos documenta el traslado de una granada fragmentaria M 67 hacia instalaciones pertenecientes a la propia sede fiscal.
De igual modo, la acusación expone detalles sobre ataques armados dirigidos hacia la Delegación Policial de Quezaltepeque y la detonación de explosivos en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En esa misma serie de atentados se incorporó la agresión cometida contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, suceso que provocó el fallecimiento de un custodio asignado al resguardo del complejo judicial salvadoreño.
Atentados contra agentes de seguridad y masacres colectivas
El expediente acusatorio documenta un total de 269 casos de homicidios dolosos, esquemas de extorsión sistemática, tráfico ilícito de armamento y redes de trata de personas. La representación fiscal argumentó que las células operativas contaban con permisos permanentes de su mando jerárquico para atentar contra la vida de cualquier efectivo policial o militar. También regía una directiva orientada a la eliminación física de testigos para asegurar impunidad en las comunidades controladas.
Entre los hechos violentos investigados figura el asesinato agravado de un agente de policía junto a su pequeña hija, acontecido el 6 de julio de 2015 en la comunidad La Campañera, en Soyapango. Asimismo, la investigación judicial responsabiliza a estos mandos por la emboscada cometida el 12 de abril de 2016 en un predio del cantón La Flor de San Martín, en San Salvador. En aquel ataque, dos uniformados perdieron la vida de forma violenta tras ser acorralados por integrantes del grupo.
El proceso judicial atribuye igualmente a los mandos de la facción Revolucionarios la autoría intelectual del crimen de 11 trabajadores en San Juan Opico, La Libertad, acontecido el 2 de marzo de 2016. La investigación detalla que los operarios fueron acribillados tras ser percibidos erróneamente como una amenaza para las operaciones financieras de la pandilla. A estos eventos se añade la masacre de nueve motoristas de transporte de carga pesada, registrada el 30 de marzo de 2015 en un estacionamiento de camiones en esa misma localidad salvadoreña.
El impacto regional del juzgamiento a las pandillas
El megaproceso penal representa uno de los esfuerzos más amplios del sistema judicial de El Salvador para desmantelar la estructura de mando de estas organizaciones transnacionales. La magnitud del caso genera interés analítico en otros países de la región, entre ellos Paraguay, donde las instituciones de seguridad observan de cerca la evolución del crimen organizado trasnacional y las reformas procesales para juzgar a múltiples acusados de manera simultánea.
La presentación de miles de cargos formales contra mandos jerárquicos evidencia una estrategia de juzgamiento colectivo orientada a desarticular cadenas enteras de mando delictivo. Las autoridades judiciales salvadoreñas deberán determinar la admisibilidad de las pruebas documentales y testimoniales en las audiencias preparatorias. De avanzar la causa a juicio plenario, los imputados podrían recibir penas sin precedentes dentro del marco penitenciario regional.
Datos clave
- 14.497 imputaciones penales fueron presentadas de forma conjunta contra 564 dirigentes de las facciones Sureños y Revolucionarios.
- 474 imputados permanecen recluidos en centros penitenciarios, en tanto 90 procesados figuran como ausentes con pedido de captura.
- Delitos de rebelión y terrorismo encabezan los cargos principales sustentados por la Fiscalía salvadoreña para exigir sentencias de prisión perpetua.
- 269 homicidios investigados forman parte de la causa penal, entre ellos masacres de trabajadores, transportistas y ataques a agentes policiales.
