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Contraloría amplía el examen sobre los bienes de Santiago Peña y auditará a su entorno familiar

Redacción BM Online•18 de noviembre de 2026 a las 05:40 p. m.•Asunción

Santiago Peña y Leticia Ocampos posan sonrientes junto a sus hijos y nuera durante un encuentro familiar nocturno.

La Contraloría General de la República resolvió extender la auditoría sobre los bienes de Santiago Peña para verificar sus finanzas y las de su círculo más cercano. El organismo de control busca determinar la trazabilidad patrimonial del exjefe de Estado a partir de octubre de 2025. La medida administrativa abarca tanto sus declaraciones juradas como posibles bienes inscriptos a nombre de terceras personas.

El contralor general, Camilo Benítez, confirmó la apertura de esta nueva etapa de control institucional. La pesquisa se enfoca en determinar si existieron incrementos injustificados o adquisiciones no asentadas debidamente en los registros patrimoniales del exmandatario durante el ejercicio de sus funciones públicas.

Alcance sobre el núcleo familiar y los bienes de Santiago Peña

La institución fiscalizadora inició el requerimiento formal de informes sobre las posesiones de la esposa del exgobernante, Leticia Ocampos. Las averiguaciones también alcanzan de manera directa a sus hijos, Gonzalo Peña y Constanza Peña, además de su nuera, Serenella Argaña. El objetivo prioritario de estas solicitudes radica en detectar eventuales activos que figuren a nombre de estos parientes pero que correspondan en realidad al exmandatario.

Respecto a otros familiares directos, la máxima autoridad de control aclaró el estado de las revisiones. Los hermanos del expresidente, Manuel Peña Palacios y Francisco Peña Palacios, todavía no se encuentran incorporados dentro de estas verificaciones patrimoniales que desarrolla el ente fiscalizador.

La validez técnica del examen de correspondencia

En declaraciones emitidas a la radio 730 AM, el titular del ente contralor puntualizó la naturaleza de este procedimiento. Benítez remarcó que el dictamen no representa una certificación ética ni avala la honorabilidad de ningún funcionario público. Se trata únicamente de un proceso técnico que contrasta declaraciones juradas con documentación oficial respaldatoria.

La autoridad manifestó su comprensión ante el malestar ciudadano que provocó la aprobación previa de las declaraciones del expresidente. Subrayó que el examen de correspondencia analiza si el crecimiento declarado cuenta con sustento documental demostrable y trazabilidad legal en los registros públicos, diferenciando esa tarea de una absolución moral o judicial.

El marco legal del control de declaraciones juradas en Paraguay

La Contraloría General de la República posee la facultad constitucional de vigilar el patrimonio de quienes administran recursos estatales. En el marco de la normativa paraguaya, las autoridades electas y designadas tienen la obligación de presentar declaraciones de bienes al asumir y al dejar sus cargos públicos. Este mecanismo busca transparentar la gestión gubernamental y combatir el enriquecimiento ilícito.

Cuando surgen inconsistencias entre los ingresos oficiales y las adquisiciones financieras, el órgano contralor remite los antecedentes a las instituciones correspondientes. Por ello, la revisión exhaustiva sobre los bienes de Santiago Peña representa un trámite clave para esclarecer si las cuentas familiares concuerdan con la evolución de sus remuneraciones y actividades privadas registradas.

Datos clave

  • Auditoría ampliada: El ente de control analizará los movimientos financieros registrados a partir de octubre de 2025.
  • Familiares incluidos: Se solicitaron reportes oficiales sobre Leticia Ocampos, Gonzalo Peña, Constanza Peña y Serenella Argaña.
  • Hermanos excluidos: Manuel y Francisco Peña Palacios todavía no forman parte de este paquete de revisiones patrimoniales.
  • Carácter técnico: La institución remarcó que el examen de correspondencia contrasta documentos formales y no constituye un certificado de honestidad.

Fuente: elnacional.com.py

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