La investigación sobre los bienes de Santiago Peña fue ampliada de forma oficial por la Contraloría General de la República para auditar las cuentas del mandatario y de su núcleo familiar en Asunción. El titular del organismo de control, Camilo Benítez, confirmó que la medida busca analizar las operaciones financieras registradas desde octubre de 2025 hasta la actualidad. Esta nueva fase indagatoria apunta a verificar préstamos bancarios y comprobar si existen patrimonios registrados a nombre de terceras personas.
Rastrean bienes de Santiago Peña y de su círculo cercano
El órgano extrapoder solicitó informes patrimoniales detallados sobre la primera dama, Leticia Ocampos, así como de los hijos de la pareja, Gonzalo y Constanza Peña. La pesquisa también abarca a la nuera del jefe de Estado, Serenella Argaña, con el objetivo de constatar si figuran activos a su nombre que pertenezcan en realidad al mandatario. Las autoridades aclararon que los hermanos presidenciales, Manuel y Francisco Peña Palacios, aún no fueron incorporados a este examen.
La Contraloría otorgó un plazo máximo de 48 horas a las entidades requeridas para remitir las documentaciones pertinentes. El objetivo institucional apunta a cerrar las verificaciones antes de que concluya el año, al mismo tiempo en que avanza una auditoría paralela al Banco Central del Paraguay. Dentro de este proceso, el control sobre los bienes de Santiago Peña busca determinar la trazabilidad de un crédito solicitado a Ueno Bank, verificar su eventual cancelación y descartar indicios de lavado de dinero.
Alcance legal y limitaciones del examen documental
El contralor defendió el análisis previo realizado por la institución técnica y enfatizó que el examen de correspondencia no constituye un certificado de honestidad. Según explicó, la entidad solo tiene competencia para contrastar declaraciones juradas con registros oficiales bancarios y tributarios. Las sospechas sobre transacciones no bancarizadas, dinero en efectivo, pagos ilícitos o billeteras de criptomonedas escapan a las atribuciones de este procedimiento administrativo.
Benítez remarcó que el Ministerio Público posee potestades constitucionales exclusivas que la Contraloría no tiene, como realizar allanamientos, peritar teléfonos o incautar documentos. También diferenció la situación del presidente con la del extitular de Petropar Eddie Jara, quien no pudo justificar el origen de un depósito de G. 3.000 millones. En contraste, las transacciones analizadas anteriormente sobre los bienes de Santiago Peña y los fondos declarados se encontraban asentados dentro de los registros del circuito financiero tradicional.
Denuncias remitidas a la Fiscalía y repercusión institucional
El titular de la Contraloría sostuvo que en mayo remitió al Ministerio Público las inconsistencias y rectificaciones detectadas en las declaraciones juradas del mandatario. De acuerdo con el criterio del organismo, cualquier omisión formal debe considerarse pasible de sanción judicial como declaración falsa, independientemente de que responda a un descuido o a una conducta intencional.
El funcionario reconoció que el proceso y las imputaciones por presuntas irregularidades vinculadas a la captación de fondos públicos impactaron fuertemente en el prestigio institucional. Asimismo, negó haber sostenido reuniones privadas o fuera de agenda oficial con el mandatario, asegurando que todos los encuentros previos se desarrollaron en el marco institucional de comisiones anticorrupción.
Datos clave
- Ampliación temporal: La auditoría indagará los movimientos financieros ejecutados desde octubre de 2025 hasta la fecha.
- Entorno investigado: El requerimiento alcanza a la esposa del mandatario, sus dos hijos y su nuera.
- Operaciones financieras: Se verificará la cancelación de un crédito bancario y la posible existencia de lavado de dinero.
- Plazo perentorio: Los entes requeridos deberán enviar los informes patrimoniales en un plazo de 48 horas.






