Las autoridades de la Contraloría prestarán juramento constitucional ante la Cámara de Diputados este miércoles en Asunción para asumir formalmente sus cargos institucionales. El titular reelecto Camilo Benítez Aldana y el nuevo subcontralor Armindo Torres completarán el periodo que se extiende hasta el primero de noviembre de 2031. Con este acto, la conducción superior de la institución fiscalizadora quedará integrada exclusivamente por representantes afiliados al Partido Colorado.
El acto protocolar fue programado para las nueve de la mañana en el recinto legislativo de la sede parlamentaria. Por primera vez desde que la Constitución de 1992 estructuró el órgano superior de control de los recursos públicos, ambas cabezas pertenecen a la misma fuerza política gobernante. Históricamente, la subcontraloría correspondía a sectores de la oposición para garantizar el equilibrio de fuerzas, una regla de convivencia que concluye con la salida del liberal Augusto Paiva.
La designación de las autoridades de la Contraloría
Camilo Benítez Aldana inicia con este juramento su segundo mandato formal al frente del organismo fiscalizador, proyectado para el quinquenio 2026-2031. El abogado ya había asumido la titularidad en el periodo 2021-2026 y previamente entre 2019 y 2021, tras la dimisión obligada del entonces contralor Enrique García. Por su parte, Armindo Torres desembarca en el segundo escalón de mando luego de desempeñarse como director del área de Declaraciones Juradas dentro de la misma institución.
La llegada simultánea de dos figuras de la Asociación Nacional Republicana generó intensas discusiones en el escenario legislativo. Diversos legisladores de bancadas opositoras manifestaron su disconformidad ante lo que consideran una pérdida del contrapeso republicano indispensable para la auditoría estatal. Señalan que la falta de alternancia partidaria debilita las garantías de independencia técnica en las fiscalizaciones del gasto público nacional.
Cuestionamientos de sectores opositores
Los reparos planteados por la oposición contra ambas autoridades de la Contraloría se concentran en auditorías previas de alto impacto mediático y político. Uno de los puntos más debatidos refiere al examen de correspondencia patrimonial realizado a los bienes del presidente Santiago Peña. Las bancadas disidentes cuestionaron que el análisis técnico excluyera el lapso entre 2017 y 2023, periodo en el que el actual jefe de Estado estuvo apartado de la administración pública.
En aquel dictamen técnico no se hallaron inconsistencias en el patrimonio del mandatario, lo cual abarcó la adquisición de una residencia en San Bernardino valorada en novecientos mil dólares. Dicha operación inmobiliaria contó con financiamiento de una entidad bancaria ligada a antiguos socios comerciales del gobernante, trámite concretado sin disponer todavía del título dominial de la propiedad. Asimismo, sectores detractores criticaron la celeridad institucional en expedientes que derivaron en la pérdida de investidura de la exsenadora Kattya González y en procesos promovidos contra el exintendente Miguel Prieto.
Investigaciones penales y antecedentes recientes
A pesar de los cuestionamientos, el trabajo de las autoridades de la Contraloría impulsó causas judiciales relevantes en el ámbito penal por presunta corrupción pública. Un ejemplo relevante consistió en el examen patrimonial que derivó en la imputación formal de Eddie Jara, extitular de Petróleos Paraguayos, por presunto enriquecimiento ilícito. Las pesquisas técnicas de la entidad sirvieron como sustento para que el Ministerio Público abriera actuaciones por presuntas irregularidades en sus bienes declarados.
La labor del ente auditor continúa bajo escrutinio ciudadano ante nuevos requerimientos de transparencia dirigidos a funcionarios del oficialismo. El dictamen fiscal también involucra a la diputada Johana Vega, actual pareja del exfuncionario imputado, marcando un escenario de alta exigencia legal. El órgano de control deberá mantener el rigor metodológico para disipar suspicacias sobre la imparcialidad de sus dictámenes durante el mandato que comienza.
Datos clave
- Camilo Benítez y Armindo Torres juran este miércoles ante la Cámara de Diputados en Asunción para cumplir funciones hasta noviembre de 2031.
- La conducción de la Contraloría General estará integrada por primera vez exclusivamente por dirigentes afiliados a la Asociación Nacional Republicana.
- El nuevo subcontralor sustituye en el cargo al liberal Augusto Paiva, quien representaba a la oposición política tradicional.
- Los legisladores opositores objetaron dictámenes patrimoniales previos sobre el presidente de la República y sanciones a referentes disidentes.
- Los informes institucionales motivaron la imputación judicial del extitular de Petropar Eddie Jara por presuntas irregularidades en sus bienes.
