El reciente atentado en Guatemala que cobró la vida del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Aguilar Gamarro desató una fuerte controversia institucional. El violento suceso ocurrió el pasado 17 de octubre en las instalaciones del Campo Marte, en la capital del país centroamericano.
Durante una comparecencia ante el Congreso guatemalteco, el subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil, Esvin Gaspar Jacinto Quiché, reconoció que los escoltas estatales asignados a la protección de Solórzano Foppa se apartaron de su posición de custodia inmediata instantes antes del mortal ataque armado.
Declaraciones oficiales sobre la custodia policial
El jefe policial explicó a los legisladores que el esquema de resguardo estaba compuesto por cuatro agentes de la División de Protección de Personas y Seguridad, organizados en turnos de dos integrantes. Al momento de la agresión armada, la pareja de uniformados de guardia se encontraba a cierta distancia de la víctima principal.
De acuerdo con la versión institucional transmitida por Jacinto Quiché, los agentes afirmaron que se alejaron para resguardar al hijo del profesional del derecho. Por esta razón, los custodios argumentaron que no lograron observar de manera directa el momento exacto en que los atacantes perpetraron el homicidio en el complejo deportivo.
El subdirector señaló además que el abogado habría ordenado a los policías permanecer junto a un tercero. Sin embargo, el funcionario policial admitió que los agentes tenían el deber reglamentario de mantenerse al lado del objetivo protegido y no subordinar las normas de seguridad operativa a directivas contrarias.
La ruptura de mando tras el atentado en Guatemala
Las explicaciones de las autoridades policiales derivaron en duros cuestionamientos por parte de los parlamentarios presentes. El diputado José Chic, representante del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, interpeló al mando policial sobre la visible fractura en la jerarquía institucional evidenciada durante el atentado en Guatemala.
El congresista remarcó que las decisiones operativas asumidas por los efectivos en el perímetro no fueron notificadas oportunamente a los mandos superiores. Ante esta situación, Chic consultó quién ejercía verdaderamente el control del personal cuando los reportes no pasaban por la Dirección General ni por el Ministerio de Gobernación.
El debate evidenció que la cadena de transmisión de novedades críticas presentó severas anomalías operativas. En el ámbito de la seguridad pública, la alteración de protocolos de protección a personalidades en riesgo extremo representa una falta disciplinaria de gravedad que compromete la responsabilidad del Estado.
Investigaciones paralelas y presuntas irregularidades
La Inspectoría General de la institución policial abrió un expediente administrativo para esclarecer la actuación de la comitiva de seguridad. Esta pesquisa técnica busca determinar si existió negligencia punible o complicidad por omisión en el cumplimiento de los deberes asignados a los guardaespaldas estatales.
De manera complementaria, este caso se conecta con un proceso que involucra a siete miembros de la Comisaría 13. Dichos agentes enfrentan acusaciones por la presunta implantación de un arma de fuego durante la detención irregular de los hermanos Choc Toz, quienes recuperaron su libertad tras comprobarse la manipulación de pruebas.
El subdirector Jacinto Quiché reconoció que la jefatura distrital no manejaba datos integrales sobre las maniobras de dicha seccional policial. Estos antecedentes aumentaron el escrutinio social y político sobre los mecanismos de fiscalización interna dentro de los cuerpos policiales en Centroamérica.
Datos clave
- Víctimas fatales: El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y el judoca Gustavo Aguilar Gamarro fallecieron el 17 de octubre en el Campo Marte.
- Falla de custodia: Los dos escoltas asignados al resguardo directo se apartaron para acompañar al hijo del abogado, incumpliendo el protocolo formal.
- Cadena de mando quebrada: El mando policial reconoció ante el Congreso que las acciones sobre el terreno no fueron reportadas a la superioridad.
- Indagación interna: La Inspectoría General analiza la conducta del personal mientras avanza un caso conexo contra siete policías por manipulación de evidencias.
