El debate público sobre los asesores externos de Itaipú sumó una nueva acción institucional en el Congreso tras la presentación de un requerimiento formal impulsado desde la Cámara Baja. El diputado Raúl Benítez formalizó un pedido de informes dirigido a la entidad binacional por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a raíz del polémico vínculo laboral de Gustavo Vera Santander, expareja de la senadora colorada Zenaida Delgado. Esta medida apunta a transparentar contrataciones que no figuraban en las nóminas públicas ni contaban con declaraciones juradas de bienes.
La polémica designación y las dudas contractuales
El caso de Gustavo Vera Santander cobró notoriedad pública en enero del año pasado durante una intervención policial por una denuncia de supuesta violencia intrafamiliar. En aquella oportunidad, las autoridades policiales lo registraron bajo la categoría de personal perteneciente a la entidad hidroeléctrica compartida con Brasil.
Sin embargo, el involucrado nunca apareció en las listas oficiales de funcionarios ni presentó su manifestación de patrimonio ante la Contraloría General de la República. El profesional, egresado en 2017 como licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Integración de las Américas, habría ingresado bajo esquemas de consultoría tercerizada. Esta modalidad administrativa dificulta el acceso a datos sobre sus asignaciones y responsabilidades específicas.
En recientes declaraciones radiales, la expareja de la legisladora reconoció haber prestado labores en la institución en el marco de un proyecto determinado. Durante esa entrevista mencionó haber percibido honorarios mensuales de entre siete y ocho millones de guaraníes, aunque mantuvo respuestas ambiguas sobre la vigencia real de su relación con el organismo hidroeléctrico.
Requerimientos puntuales sobre los asesores externos de Itaipú
El documento parlamentario exige esclarecer el manejo de recursos en torno a los asesores externos de Itaipú y prestadores de servicios especiales desde el 1 de enero de 2023. La iniciativa reclama un listado pormenorizado de todas las personas físicas y empresas contratadas bajo asesoría externa, consultoría individual y soporte técnico en las diferentes dependencias.
Asimismo, el diputado solicita las copias documentales de cada acuerdo firmado, incluyendo términos de referencia, perfiles solicitados, plazos contractuales y montos acordados. La solicitud busca conocer si se convocaron concursos de méritos o si las vinculaciones se otorgaron mediante contrataciones directas sin supervisión abierta.
El texto también pone el foco en las órdenes de servicio y comprobantes de cobro emitidos a partir de agosto de 2023 vinculados al área de asesoría de planeamiento y coordinación. Benítez demanda los reportes técnicos de avance, los comprobantes de asistencia laboral y las actas de entrega que justifiquen el desembolso de los fondos.
Controles de incompatibilidad y trámite en el Congreso
Otro aspecto clave del documento legislativo corresponde a las declaraciones de no incurrir en conflictos de interés ni nepotismo. El pedido exige verificar si los contratados firmaron constancias de no poseer parentesco indebido con autoridades, de acuerdo con los estándares y políticas de integridad de la binacional.
Este nuevo capítulo se suma a los cuestionamientos que pesan sobre la senadora Zenaida Delgado, quien también se encuentra bajo la mira pública por un presunto esquema de recaudación irregular o cobro de porcentajes a funcionarios del Estado. El tratamiento legislativo del requerimiento quedó postergado, debido a que la sesión ordinaria de la Cámara Baja fue postergada para el martes 10 de noviembre con el fin de permitir la presencia de legisladores en actos municipales en el interior del país.
Datos clave
- Requerimiento formal: El diputado Raúl Benítez tramitó un pedido de informes vía Cancillería para auditar contrataciones especiales de la hidroeléctrica.
- Vínculo cuestionado: Gustavo Vera Santander, expareja de Zenaida Delgado, reconoció cobros de hasta ocho millones de guaraníes mensuales sin figurar en nómina pública.
- Transparencia documental: El Congreso exige constancias de asistencia, comprobantes de pago desde agosto de 2023 y declaraciones juradas de parentesco.
- Postergación parlamentaria: El análisis del pliego legislativo en la Cámara de Diputados fue fijado para el próximo 10 de noviembre.
