La renegociación del Anexo C de Itaipú ingresa en una fase crítica con plazos ajustados y marcadas discrepancias diplomáticas entre Asunción y Brasilia. Las autoridades paraguayas enfrentan la presión de definir el esquema financiero de la represa antes de finalizar el año, en medio de posturas encontradas sobre el costo energético y la administración de los recursos financieros de la entidad binacional.
El calendario bilateral marca un plazo límite hacia finales de diciembre, lo que reduce sustancialmente el margen de maniobra para alcanzar un consenso definitivo. La discusión no solo abarca los valores de comercialización de la electricidad, sino también la preservación de los ingresos adicionales que sostienen programas gubernamentales en territorio paraguayo.
Discrepancias sobre la tarifa energética para 2027
El esquema actual proviene del acuerdo alcanzado en abril de 2024, cuando ambos países fijaron la tarifa en 19,28 dólares por kilovatio-mes para el periodo comprendido entre 2024 y 2026. Dicho pacto permitió asegurar un gasto operativo adicional de 1.510 millones de dólares anuales, recursos que han financiado diversas iniciativas socioeconómicas.
Sin embargo, la vigencia de ese valor concluye al término del ciclo establecido, momento en que el cálculo debe regirse nuevamente por criterios estrictamente operativos. En este marco, el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, adelantó la intención de su gobierno de reducir la tarifa a una banda de entre 10 y 12 dólares por kilovatio-mes desde 2027.
Por su parte, los representantes paraguayos buscan consolidar una base tarifaria considerablemente más alta para evitar una merma abrupta en los ingresos fiscales y sociales que genera el complejo hidroeléctrico.
Inversiones extranjeras y cuestionamientos en el Anexo C de Itaipú
Las divergencias entre ambos socios de la central hidroeléctrica se profundizaron a partir de iniciativas orientadas a negociar excedentes energéticos con empresas vinculadas a capitales de Estados Unidos. La administración del presidente Santiago Peña impulsó contactos comerciales con sectores privados norteamericanos, lo que generó reparos en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde la perspectiva brasileña se recuerda que su mercado y estructura financiera cubrieron la mayor parte de los casi 20.000 millones de dólares que demandó la construcción original de la represa, cifra que se incrementó sustancialmente al incluir los compromisos de la deuda histórica. Por ello, la cesión o explotación de excedentes energéticos exige una aprobación bilateral previa.
Asimismo, el debate en torno al Anexo C de Itaipú también contempla discusiones sobre soberanía e inserción internacional, ante cuestionamientos locales por la presencia de entidades de seguridad exterior en zonas limítrofes compartidas.
Fondos bancarios y conformación del equipo negociador
El clima de la negociación bilateral incluye además controversias por la gestión de fondos financieros de la hidroeléctrica. Fuentes del sector señalan reclamos respecto a la colocación de cerca de 200 millones de dólares en la entidad bancaria Ueno Bank, entidad que habría recibido los depósitos con poco más de un año de operaciones, cuando ciertas normativas estipulaban una trayectoria mínima de cinco años.
A este escenario se suma la inquietud de diversos analistas sobre la preparación del equipo asignado a las conversaciones. La presencia de legisladores como Dionisio Amarilla, Natalicio Chase, Erico Galeano y Hernán Rivas al frente de las mesas de trabajo motivó comparaciones frente a la estructura técnica de la cancillería brasileña, conocida por su amplia tradición diplomática en las definiciones del Anexo C de Itaipú para resguardar la renta hidroeléctrica.
Datos clave
- El plazo bilateral contempla apenas semanas hábiles antes del vencimiento fijado para el 31 de diciembre.
- La tarifa vigente de 19,28 dólares por kilovatio-mes rige hasta 2026 y genera 1.510 millones de dólares anuales en gastos operativos adicionales.
- La propuesta de Brasil busca recortar la tarifa a un margen de entre 10 y 12 dólares a partir de enero de 2027.
- El destino del excedente energético de Paraguay hacia firmas privadas extranjeras requiere necesariamente un convenio formal entre ambos copropietarios de la represa.
- Cuestionamientos financieros involucran el depósito de casi 200 millones de dólares de la entidad en un banco con trayectoria menor a la requerida.






