El allanamiento en Mburuvicha Róga ejecutado por el Ministerio Público abrió un nuevo capítulo de tensión política en Asunción tras la detención del expresidente Santiago Peña. La comitiva judicial y policial ingresó al recinto oficial casi una semana después de que el exmandatario fuera destituido e imputado por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio. La intervención se produjo en medio de la conmoción ciudadana por el colapso financiero de Ueno Bank.
El colapso financiero y el origen de las imputaciones
La intervención judicial responde a una crisis desatada cuando el Banco Central del Paraguay determinó la resolución y suspensión de actividades de la entidad bancaria. Según los informes del órgano regulador, la firma sobrepasó los límites permitidos de solvencia debido al otorgamiento irregular de créditos a firmas que integraban su mismo conglomerado empresarial. El exmandatario mantuvo acciones en dicho grupo hasta marzo de 2025, periodo durante el cual la compañía experimentó un marcado crecimiento patrimonial.
Durante los tres años del mandato presidencial, la entidad financiera captó cuantiosos recursos del Estado mediante depósitos públicos y adjudicaciones contractuales directas. Esta situación derivó en la pérdida de liquidez que terminó afectando los ahorros de cientos de miles de ciudadanos paraguayos. Ante este escenario, la Fiscalía procedió a privar de su libertad a Peña e iniciar formalmente el proceso penal por presuntas conductas delictivas contra el patrimonio público.
Críticas al allanamiento en Mburuvicha Róga y la gestión fiscal
Luego de concretarse el allanamiento en Mburuvicha Róga, el senador Rafael Filizzola cuestionó con dureza el tiempo transcurrido para la realización de las diligencias investigativas. El parlamentario del Partido Democrático Progresista acusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, de haber congelado las denuncias presentadas hace trece meses por representantes de la oposición. El legislador sostuvo que una actuación diligente hubiese prevenido los graves perjuicios económicos que hoy padecen los ahorristas del banco intervenido.
A través de sus canales públicos, Filizzola afirmó que los procedimientos tardíos no compensan la falta de una investigación rigurosa y objetiva en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, el congresista remarcó que las autoridades judiciales deben garantizar resultados efectivos frente a los hechos de presunta corrupción y no tolerar la inacción institucional. Para el legislador, la demora fiscal compromete la credibilidad del sistema de justicia ante casos de alta relevancia nacional.
Denuncias previas y antecedentes de presunta corrupción
Los cuestionamientos hacia la labor fiscal tienen su origen en presentaciones formales elevadas en octubre de 2025 ante la sede central del Ministerio Público. En aquel documento, senadores y diputados señalaron presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de influencias atribuibles a las máximas esferas del Poder Ejecutivo. Aquella acción legal se fundamentó en testimonios sobre la circulación de fajos de dinero en efectivo en el palacio de gobierno.
Entre las evidencias aportadas destacaba el testimonio de la exempleada Luz Maribel Candado, quien denunció la existencia de paquetes de dólares dentro del predio gubernamental. Pese a la gravedad de aquellos señalamientos, los organismos de persecución penal no impulsaron las averiguaciones correspondientes en aquel momento. La trascendencia y el alcance del allanamiento en Mburuvicha Róga subrayan ahora la necesidad de esclarecer tanto las operaciones financieras como el uso de las instalaciones estatales.
Datos clave
- Procedimiento tardío: La Fiscalía allanó la residencia presidencial seis días después de la destitución y el arresto del expresidente procesado.
- Quiebra e imputación: El proceso judicial investiga presunta lesión de confianza y administración en beneficio propio tras la resolución de Ueno Bank.
- Cuestionamiento al fiscal general: El senador Rafael Filizzola acusó a Emiliano Rolón de cajonear denuncias por presunta corrupción presentadas trece meses atrás.
- Afectación financiera: El cese de actividades del banco dejó inmovilizados los recursos de cientos de miles de clientes y ahorristas en todo el país.
