La investigación judicial sobre un albergue de Panamá arrojó la imputación de cuatro exfuncionarios por supuestos maltratos cometidos contra niños y adolescentes bajo tutela estatal. La resolución fue dictada por la jueza de garantías Marlenis Boutet durante una audiencia de carácter reservado en Ciudad de Panamá. El caso involucra a las autoridades encargadas de supervisar el bienestar de decenas de residentes en situación vulnerable.
La magistrada dispuso que los procesados comparezcan de manera obligatoria ante el tribunal los días 15 y 30 de cada mes. Igualmente, determinó la prohibición de salir del territorio panameño, la restricción absoluta de acceder a las redes sociales y el impedimento de acercarse al recinto donde habrían ocurrido los hechos. Entre las personas encausadas figura Ruth Sánchez, quien ejercía como directora del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
Denuncias e inspección en el albergue de Panamá
El expediente penal se inició formalmente a partir de una presentación realizada el 6 de febrero por la diputada Alexandra Brenes. La legisladora llevó a cabo una verificación en compañía de un equipo técnico de la Asamblea Nacional, constatando fallas estructurales y situaciones de desatención. Posteriormente, la denuncia fue ampliada ante el Ministerio Público con registros audiovisuales, documentación técnica y testimonios de testigos.
Los reportes detallaron episodios de agresiones físicas y psicológicas, conductas de autolesión, brotes de enfermedades y la falta de separación adecuada entre personas adultas y menores de edad. En aquel momento habitaban el establecimiento 35 personas, integradas por 23 menores, 12 adultos y un lactante de tres meses. Asimismo, 21 de los residentes registraban alguna discapacidad de carácter físico, psicosocial o intelectual.
La inspección reveló dormitorios deteriorados, servicios sanitarios fuera de servicio y una carencia generalizada de insumos de primera necesidad. Tampoco se observó la existencia de planes de cuidado diseñados de manera individualizada para los residentes del hogar. Estos hallazgos llevaron al Ministerio Público a desarrollar peritajes directos en las dependencias del establecimiento y a tomar declaraciones a diversos trabajadores.
Repercusiones institucionales y cambios en el sistema
El avance de las sospechas en este albergue de Panamá desató una fuerte crisis en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Ana Fábrega, quien ocupaba la dirección general del organismo y había sido cuestionada por eventuales omisiones de supervisión, renunció a sus funciones a inicios de marzo. Tras su salida, Lilibeth Cárdenas asumió la conducción institucional del ente protector.
En ese mismo periodo se generó controversia por la desvinculación de 17 trabajadores enfocados en tareas de fiscalización de dependencias de acogida. La legisladora denunciante alertó en esa oportunidad que varios de los funcionarios despedidos o trasladados contaban con citaciones para declarar en calidad de testigos. Esta situación generó alertas sobre posibles debilitamientos en los controles internos del sistema estatal.
El malestar social aumentó cuando diez jóvenes con discapacidades fueron reubicados desde Tocumen hacia una institución en Chitré. Comunidades locales demandaron explicaciones claras respecto al traslado. Las autoridades gubernamentales señalaron que los pacientes requerían asistencia especializada constante y no representaban riesgos para los pobladores del área.
Lo que sigue en el proceso judicial
La Fiscalía de Familia presentó un recurso de apelación contra las medidas cautelares alternativas otorgadas a los primeros cuatro procesados. Este recurso será evaluado en una audiencia fijada para el 6 de octubre. Por su parte, una quinta persona involucrada no asistió al tribunal, por lo cual su audiencia de imputación quedó reprogramada para el 30 de septiembre.
La apertura formal del proceso no representa una declaración de culpabilidad, pues todos los implicados gozan de presunción de inocencia. El Ministerio Público tendrá la carga de sustentar con pruebas las responsabilidades particulares en las etapas siguientes antes de un eventual juicio.
Datos clave
- Cuatro personas procesadas: Una jueza formuló cargos contra exservidores públicos del Centro de Atención Integral de Tocumen por presunto maltrato a menores.
- Medidas cautelares: Los imputados tienen prohibido usar redes sociales, salir del país o acercarse al recinto, debiendo firmar periódicamente en sede judicial.
- Graves falencias: Las inspecciones documentaron problemas edilicios, falta de insumos y convivencia sin separación entre menores y adultos con discapacidad.
- Apelación fiscal: El Ministerio Público recurrió la decisión cautelar y una quinta persona comparecerá en una diligencia postergada.
