Las agresiones contra periodistas en Nicaragua sumaron 38 hechos violentos durante el tercer trimestre de 2026, según reveló la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). El informe, divulgado en Managua, detalla un esquema constante de amenazas directas, ciberataques y hostigamiento que alcanza tanto a los trabajadores de prensa que permanecen dentro del territorio como a quienes salieron forzosamente al exterior.
La organización documentó que la persecución no se limita a los límites fronterizos nicaragüenses. Las acciones intimidatorias golpearon fuertemente a comunicadores refugiados en países vecinos, así como a sus familiares que continúan habitando en suelo nicaragüense, generando un ambiente de zozobra generalizado.
Patrones de ataque e intimidación digital
El relevamiento trimestral registró 33 episodios catalogados como agresiones verbales, escritas y digitales, a los que se sumaron tres desplazamientos forzados y dos incidentes graves de violencia digital. La distribución temporal de los casos arrojó seis sucesos durante julio, 18 en agosto y 14 a lo largo de septiembre.
Respecto a los responsables de estos incidentes, el 87 por ciento de los ataques fue atribuido a grupos y perfiles no estatales afines a la estructura oficialista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En tanto, tres casos tuvieron participación directa de actores estatales y dos denuncias quedaron sin autoría individualizada por falta de elementos técnicos.
De acuerdo con la FLED, el 95 por ciento de los afectados correspondió a personas naturales, con un total de 36 periodistas violentados de manera personal. Los dos casos restantes golpearon a personas jurídicas correspondientes a plataformas de información censuradas en Internet.
Persecución a familias y exilio forzado
La gravedad de las agresiones contra periodistas forzó a tres comunicadores al desplazamiento durante el período analizado. Con estas nuevas salidas obligadas, la cifra acumulada de trabajadores de prensa exiliados ascendió a por lo menos 313 personas desde el inicio de las protestas ciudadanas en 2018.
El documento recoge el testimonio anónimo de una periodista radicada en el exterior, cuyos familiares sufrieron visitas insistentes durante casi dos semanas consecutivas por parte de personas identificadas como miembros de la Dirección de Información Policial. El objetivo de las autoridades era averiguar el paradero exacto de la reportera, situación que generó temor y aislamiento en su entorno barrial.
La entidad defensora de la libertad de expresión advirtió además sobre la existencia de un subregistro significativo de casos. Muchos comunicadores y allegados evitan denunciar formalmente las amenazas que reciben por miedo a sufrir represalias institucionales o agresiones físicas de mayor intensidad.
Censura cibernética y precariedad en el extranjero
Las agresiones contra periodistas y plataformas de difusión también abarcaron hackeos e interferencias tecnológicas directas. El portal DaríoMedios denunció que el 11 de agosto sufrió la baja de su canal de YouTube, paralelamente a constantes intentos de intrusión contra sus servidores informáticos.
Esta ola de asedio virtual ocurre en un contexto crítico donde al menos 56 medios informativos ya fueron clausurados formalmente por el Estado. Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enfatizan que la prensa no alineada con el gobierno solo puede ejercer sus tareas en el exilio.
Por otra parte, los profesionales de la comunicación asentados en Costa Rica afrontan fuertes demoras en los trámites migratorios de refugio. Esta lentitud administrativa impidió que accedan a puestos laborales formales, becas o ayudas asistenciales, dejando cesantes y sin ingresos a por lo menos 14 periodistas en el último trimestre.
Datos clave
- Cifras del trimestre: Se documentaron 38 agresiones contra periodistas y medios independientes entre julio y septiembre de 2026.
- Exilio continuo: Al menos 313 comunicadores nicaragüenses han tenido que abandonar su país desde la crisis de 2018 debido a la persecución.
- Responsabilidad oficial: El 87 por ciento de los hechos violentos fue ejecutado por perfiles y colectivos no estatales ligados a las autoridades gobernantes.
- Clausura generalizada: La ONU contabiliza al menos 56 medios clausurados de manera definitiva por el gobierno en Nicaragua.
