Diversas organizaciones del sector cultural solicitaron la destitución de Adriana Ortiz Semidei como titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) mediante una nota dirigida a la Presidencia de la República. El pedido fue presentado en Asunción por representantes de la sociedad civil que integran el Consejo Nacional de Cultura (CONCULTURA), junto con trabajadores y referentes de distintas disciplinas artísticas del país.
Los firmantes remitieron el pronunciamiento al presidente de la República, Pedro Alliana, con el objetivo de exigir una profunda revisión de las políticas culturales vigentes. Según manifestaron en el documento, la conducción institucional arrastra tres años de desaciertos marcados por el secretismo administrativo, la falta de apertura democrática y una escasa respuesta ante la precariedad histórica que afecta a los trabajadores del arte.
Los cuestionamientos hacia la gestión de Adriana Ortiz Semidei
El documento suscrito por los gremios y consejeros sostiene que la gestión institucional priorizó el marketing corporativo y la burocracia en detrimento de la diversidad y las identidades locales. En su argumentación, denunciaron que el CONCULTURA fue reducido a una simple formalidad para validar decisiones predeterminadas, anulando debates esenciales vinculados con los derechos culturales y el presupuesto.
Asimismo, las agrupaciones señalaron que no existen estadísticas oficiales fidedignas ni se avanzó en la implementación de una cuenta satélite que permita cuantificar la actividad del sector. De acuerdo con el reclamo, la falta de información diagnóstica impide proyectar inversiones sostenibles y dimensionar las urgencias laborales de los creadores en los diferentes departamentos.
Distribución de fondos y desatención presupuestaria
El manejo de los recursos públicos constituye uno de los puntos centrales del reclamo contra la administración estatal. Los colectivos denunciaron que el 74 % del presupuesto institucional se destina al sostenimiento del aparato burocrático, mientras que apenas un 16 % se orienta al fomento y la gestión de la creación cultural.
A este panorama sumaron la opacidad en la rendición de cuentas, afirmando que los informes financieros carecen de desglose sobre fondos derivados de convenios, cooperación externa y entidades binacionales. En paralelo, recalcaron que la formulación del Plan Nacional de Cultura 2050 resultó deficiente, ya que los foros departamentales convocaron a escasos participantes y carecen de respaldo financiero previsto para los próximos ejercicios fiscales.
Conflictos en el sector audiovisual y leyes pendientes
Otro aspecto denunciado corresponde a la mora administrativa arbitraria en la designación de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP). Según explicaron los firmantes, una demora de más de cuatro meses en resolver la terna correspondiente derivó en desajustes organizativos que perjudicaron a la industria cinematográfica nacional.
En la carta enviada al mandatario, también se enfatizó que Adriana Ortiz Semidei no impulsó la aplicación efectiva de la Ley N.º 4199/2010 del Seguro Social del Artista. Tras dieciséis años de vigencia, la normativa sigue paralizada ante discrepancias reglamentarias con el Instituto de Previsión Social (IPS), dejando desprotegidos a miles de trabajadores en materia de salud y jubilación.
Por último, los sectores demandantes criticaron el cierre de mesas de trabajo conjuntas, como la Mesa de Emergencia Cultural y la delegación de MICSUR, tras el surgimiento de disidencias gremiales. También manifestaron su preocupación por la injerencia de la Oficina de la Primera Dama en materias que corresponden por mandato legal a la autoridad rectora de la cultura.
Datos clave
- Representantes de CONCULTURA y gremios culturales solicitaron al presidente de la República la remoción de la ministra de Cultura.
- El documento denuncia que el 74 % de los recursos de la institución se destina a gastos burocráticos y solo el 16 % al fomento artístico.
- Advierten retrasos administrativos que afectaron al sector audiovisual y cuestionan la falta de aplicación del seguro social del artista.
- Los firmantes reclaman la apertura de una mesa sectorial urgente para consensuar una nueva política cultural participativa.
