El abordaje de los hechos de violencia contra la mujer enfrenta un deterioro profundo en los órganos del Estado paraguayo encargados de otorgar medidas de protección. Así lo manifestó la exministra de Justicia Cecilia Pérez, quien remarcó que las falencias institucionales vuelven a dejar desamparadas a las víctimas. Las declaraciones surgieron luego de confirmarse el feminicidio de Deisy Paola Giménez, caso que volvió a encender las alarmas ciudadanas.
Durante una entrevista con la radioemisora 780 AM, la exsecretaria de Estado expuso su preocupación por el curso que tomaron las políticas públicas destinadas a la contención social y jurídica. A su criterio, la respuesta del Gobierno muestra deficiencias constantes en las distintas dependencias administrativas y jurisdiccionales que deben intervenir con urgencia.
Juzgados de Paz desbordados y sin recursos
Pérez puntualizó que los Juzgados de Paz continúan operando con precariedad y un exceso constante de causas que impide brindar una respuesta efectiva. Estas dependencias judiciales constituyen la primera puerta de auxilio a la que acuden las personas afectadas para solicitar medidas cautelares y restricciones de acercamiento para los presuntos agresores.
De acuerdo con su análisis, la saturación laboral de estos despachos genera un escenario adverso que revictimiza a quienes concurren a pedir auxilio. Al no existir una estructura logística acorde a la demanda, las denunciantes terminan expuestas de manera reiterada al peligro ante la falta de un seguimiento oportuno y riguroso.
Debilitamiento de las unidades policiales especializadas
Al referirse a la labor preventiva de las fuerzas del orden, Pérez recordó las metas trazadas durante la creación de las comisarías especializadas. Esas dependencias policiales nacieron con el propósito de comprender el ciclo de las agresiones y cortar a tiempo la escalada de las agresiones mediante un acompañamiento técnico a cada afectada.
Sin embargo, la exministra sostuvo que ese enfoque integral se perdió con el paso de los años en las sedes policiales. Afirmó que estos recintos pasaron a operar prácticamente como anexos administrativos de comisarías ordinarias, limitando sus tareas a la recepción formal del testimonio sin brindar una intervención profunda para combatir la violencia contra la mujer.
El Ministerio Público y la necesidad de reformas estructurales
La exfuncionaria también apuntó a las debilidades observadas dentro del Ministerio Público. Cuestionó prácticas internas en las cuales la asignación de agentes a las unidades fiscales especializadas en violencia contra la mujer se utilizaría en ocasiones como una sanción disciplinaria, lo que repercute negativamente en la calidad de la atención.
Esta situación demanda una revisión urgente de los criterios operativos de la Fiscalía y del Poder Judicial para frenar los feminicidios. Pérez insistió en que el Estado debe garantizar condiciones profesionales dignas y programas con perspectiva técnica que eviten la desprotección y garanticen una justicia pronta.
Datos clave
- Retroceso estatal: la exministra Cecilia Pérez denunció fallas generalizadas en los mecanismos estatales de protección hacia las víctimas.
- Juzgados saturados: los Juzgados de Paz carecen de medios suficientes y operan desbordados de expedientes sin dar seguimiento integral.
- Pérdida de enfoque policial: las dependencias policiales especializadas redujeron su función a tomar denuncias y abandonaron el acompañamiento preventivo.
- Críticas a la Fiscalía: advierten que la designación de agentes fiscales en unidades especializadas no debe usarse como castigo interno.
