El Ministerio Público presentó una imputación contra el exrector de la Universidad Sudamericana, Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez, tras detectarse graves inconsistencias documentales en legajos académicos. La disposición fiscal fue encabezada por el agente Julio Ortiz en la ciudad de Asunción, como derivación directa de las investigaciones por títulos irregulares. La medida judicial abre un nuevo capítulo procesal tras la condena impuesta al exlegislador Hernán Rivas.
Las irregularidades en la Universidad Sudamericana
Según la imputación del Ministerio Público, el procesado se desempeñó como máxima autoridad académica y administrativa de la institución de educación superior. Durante el intervalo comprendido entre 2009 y 2015, Acuña Vázquez habría asentado datos que no coincidían con el historial verídico de varios postulantes. Las sospechas apuntan a la manipulación directa de actas y certificados de estudios en diversas carreras.
La investigación fiscal sostiene que el imputado aprovechó su cargo de control total sobre sedes y filiales para validar supuestas evaluaciones académicas. De acuerdo con los elementos reunidos, se hicieron constar asistencias a clases, aprobaciones de cátedras y rendición de exámenes finales de alumnos que jamás pisaron las aulas universitarias. Este esquema permitió certificar trayectorias universitarias completas de forma totalmente irregular.
El perjuicio patrimonial y la venta de la institución
El requerimiento formulado por el fiscal Julio Ortiz tipifica de manera provisoria las conductas como estafa y producción de documentos no auténticos. Además de las anomalías pedagógicas, el representante de la Fiscalía atribuye al procesado un presunto daño económico calculado en 450.000.000 de guaraníes. Dicha suma afectó directamente a quienes adquirieron la administración del establecimiento universitario.
En octubre de 2015, los empresarios José María Manzoni y Arturo Peralta Vierci asumieron el control directivo de la casa de estudios. La representación fiscal sostiene que el exrector omitió comunicar a los nuevos administradores la existencia de antecedentes falsificados y la vulnerabilidad documental de los registros. Esta desinformación premeditada habría servido para concretar el traspaso y obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de los compradores.
Vínculo con el juicio al exlegislador y daño reputacional
Las actuales autoridades de la entidad tomaron conocimiento cabal de las irregularidades durante el juicio oral al exsenador colorado Hernán Rivas. El exparlamentario fue sentenciado a una pena de ocho años de penitenciaría por valerse de un título ilegítimo de abogado atribuido a la institución. Durante ese proceso se constató que figuraba formalmente como egresado de Derecho sin haber cursado las materias.
El fiscal Ortiz enfatizó que este escándalo generó un perjuicio significativo al prestigio institucional de la entidad educativa. La pérdida masiva de alumnos, el descrédito social y la clausura obligada de diversas filiales en territorio paraguayo ocasionaron un impacto económico demoledor. El avance de la causa penal buscará determinar las sanciones legales y resarcimientos correspondientes por las anomalías detectadas.
Datos clave
- Imputación formal: El Ministerio Público procesó a Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez por estafa y producción de documentos no auténticos.
- Perjuicio económico: Se investiga un daño patrimonial estimado en 450.000.000 de guaraníes contra los compradores que asumieron el centro académico en 2015.
- Antecedente judicial: Las inconsistencias salieron a la luz tras la condena a ocho años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán Rivas por su título falso.
- Maniobra documental: El exdirectivo habría validado asistencias, notas y exámenes de personas que no cursaron regularmente las carreras entre 2009 y 2015.
