El despliegue de tropas de Estados Unidos fue descartado de manera categórica por el jefe de Estado guatemalteco, Bernardo Arévalo, durante una conferencia de prensa en la sede de gobierno. El mandatario aseguró que las fuerzas locales de seguridad poseen la capacidad operativa suficiente para contener a las organizaciones criminales que operan en los departamentos de Zacapa e Izabal. Ambos distritos se encuentran bajo régimen de excepción tras una serie de crímenes que encendieron las alarmas de la administración pública.
Rechazo a la llegada de tropas de Estados Unidos
Durante la rueda informativa denominada La Ronda, el gobernante remarcó que su administración no gestionará el arribo de tropas de Estados Unidos ante el Legislativo. Afirmó que la Policía Nacional Civil y el Ejército disponen de los recursos materiales y humanos para salvaguardar el orden interno. Para que una fuerza castrense foránea ingrese al país centroamericano, la Constitución guatemalteca exige la aprobación de los parlamentarios, donde el oficialismo es minoría.
El debate cobró fuerza luego de que Washington catalogara a diversas agrupaciones delictivas como estructuras terroristas en su estrategia antidrogas. Entre estas organizaciones figuran facciones con presencia territorial en Zacapa, asociadas históricamente al clan de la familia Lorenzana. Con esa designación exterior surgieron especulaciones sobre posibles operaciones conjuntas con tropas de Estados Unidos, una opción previamente ventilada por voceros del sector de defensa estadounidense.
Conflicto armado y estado de sitio en Zacapa e Izabal
La escalada de tensión en el oriente de Guatemala motivó la imposición de un estado de sitio que rige por treinta días desde el catorce de noviembre. Esta medida de carácter extraordinario limita derechos civiles como la libre locomoción y la libertad de reunión ciudadana. A su vez, faculta a los agentes de seguridad a practicar aprehensiones e inspeccionar inmuebles sin requerir una orden de un juez competente.
La disposición gubernamental responde a una ola violenta que provocó una veintena de fallecidos desde finales de septiembre. Entre los hechos que conmocionaron al país figura el homicidio del legislador Julio César Portillo, quien fue emboscado en el departamento de Zacapa. A este caso se suma una violenta incursión armada en el municipio de Huité, suceso en el que murieron ocho personas y que abrió interrogantes ciudadanas.
Reserva judicial y extradición de requeridos
Al ser consultado sobre las bandas responsables de los homicidios, Bernardo Arévalo evitó señalar a grupos específicos ante la prensa. El mandatario aclaró que las investigaciones permanecen bajo estricta reserva por disposición del Ministerio Público. Explicó que mantener la confidencialidad es indispensable para preservar el éxito de las operaciones tácticas y prevenir fugas de sospechosos antes de los allanamientos.
A pesar del hermetismo, el Ejecutivo confirmó la detención reciente de dos personas requeridas en extradición hacia tribunales norteamericanos. Se trata de un ciudadano mexicano y otro guatemalteco, imputados por presunta conspiración para distribuir fentanilo en el estado de Texas. Respecto a las sospechas sobre incursiones armadas no oficiales en territorio local, las autoridades señalaron que la Fiscalía debe esclarecer lo sucedido.
Datos clave
- Postura oficial: El mandatario Bernardo Arévalo descartó solicitar al Congreso el aval para el ingreso de fuerzas militares extranjeras al país.
- Capacidad interna: El Gobierno remarcó que las fuerzas policiales y el Ejército disponen de recursos para contener a los clanes armados.
- Régimen de excepción: Los departamentos de Zacapa e Izabal cumplen treinta días bajo estado de sitio tras registrarse más de veinte homicidios.
- Medida preventiva: Las pesquisas por el asesinato del diputado Julio César Portillo continúan en reserva legal para no entorpecer los operativos.






