El Tribunal Supremo de Bolivia afronta una reconfiguración institucional decisiva tras formalizarse el proceso de sustitución de quien ejercía su presidencia, Romer Saucedo. La autoridad electoral del vecino país otorgó las credenciales pertinentes a la jurista Mirian Rosell Terrazas para habilitar su asunción como magistrada titular. La determinación se produce luego del escape intempestivo de la máxima autoridad judicial, quien abandonó el territorio boliviano en medio de graves investigaciones penales.
Certificación electoral y habilitación de Mirian Rosell
El presidente del Órgano Electoral Plurinacional, Gustavo Ávila, confirmó la revisión técnica de las actas correspondientes a las elecciones judiciales de diciembre de 2024. Los cómputos oficiales acreditaron que Rosell Terrazas cosechó cerca de 717.000 votos en el departamento de Santa Cruz, erigiéndose como la suplente con mayor respaldo ciudadano en esa jurisdicción.
Con base en esos registros oficiales, la entidad electoral hizo entrega de la certificación legalizada correspondiente. Ávila explicó que la profesional inició las gestiones administrativas para validar su condición de titular dentro de los plazos legales. La formalización definitiva de su juramento quedará en manos de las determinaciones internas del cuerpo colegiado.
Vacancia y cambios en el Tribunal Supremo de Bolivia
La conducción provisoria de la institución recayó en la decana Rosmery Ruiz, quien activó las disposiciones legales referidas a las ausencias injustificadas. La normativa boliviana estipula una ventana de seis jornadas consecutivas antes de declarar formalmente el abandono de cargo de un magistrado.
Al cumplirse ese periodo sin novedades sobre el paradero del magistrado saliente, la sala plena programó una sesión extraordinaria para elegir a su nueva directiva. La reorganización interna del Tribunal Supremo de Bolivia busca restablecer el funcionamiento regular del sistema judicial tras semanas de alta confrontación política y cuestionamientos institucionales.
Graves denuncias y orden de captura contra Saucedo
Saucedo, de 38 años y oriundo de Santa Cruz, había asumido la máxima magistratura a comienzos de 2025 tras imponerse en los comicios judiciales. Durante su gestión mantuvo un marcado perfil de confrontación pública y adoptó resoluciones de alto impacto, como medidas cautelares favorables a figuras políticas de la oposición.
A inicios de noviembre, el expresidente judicial difundió en redes sociales que había abandonado Bolivia con su familia aduciendo presiones del Poder Ejecutivo. Horas después del anuncio, el Ministerio Público emitió una orden de captura en su contra por presuntos delitos de narcotráfico y pertenencia a organizaciones criminales.
Las diligencias fiscales derivaron en registros de sus oficinas y en la privación de libertad de una familiar cercana. Las pesquisas gubernamentales afirman que el exjuez mantenía acuerdos con el exfiscal general Roger Mariaca para facilitar protección jurisdiccional a redes delictivas.
Repercusiones regionales e impacto para los observadores
La inestabilidad institucional en el Tribunal Supremo de Bolivia es observada con detenimiento desde países vecinos como Paraguay, debido a los convenios regionales de combate al crimen organizado transfronterizo. Las crisis en las cúpulas judiciales suelen debilitar los mecanismos de auxilio mutuo y extradición en el Cono Sur.
Especialistas jurídicos destacan que las elecciones judiciales no lograron aislar a los tribunales de las presiones partidarias ni de las sospechas de corrupción. La recomposición de las máximas autoridades marcará la pauta para definir la estabilidad institucional en una etapa crítica para la justicia sudamericana.
Datos clave
- Certificación oficial: El órgano electoral reconoció a Mirian Rosell como suplente habilitada tras lograr 717.000 votos en Santa Cruz.
- Fuga y captura: Romer Saucedo abandonó el país declarándose perseguido, tras lo cual la fiscalía ordenó su detención por narcotráfico y asociación ilícita.
- Presidencia interina: La decana Rosmery Ruiz asumió provisoriamente la titularidad y convocó a sesión extraordinaria para cubrir la vacancia definitiva.
- Plazo legal: La sala plena computó los seis días reglamentarios de ausencia injustificada para proceder a la destitución por abandono.
