La trata de personas sigue siendo un desafío institucional para Honduras, país que fue ratificado en el Nivel 2 del reporte anual elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La evaluación oficial concluye que, aunque la administración hondureña no alcanza plenamente los estándares mínimos fijados por la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, demuestra acciones concretas y significativas orientadas a mitigar este flagelo. La designación ubica a la nación centroamericana en una franja intermedia donde se reconocen progresos procesales, pero persisten deficiencias estructurales de cobertura y protección.
El sistema de clasificación estadounidense examina las políticas públicas de prevención, judicialización y asistencia a los afectados, sin centrarse de manera exclusiva en el número total de víctimas registradas. De este modo, la categoría asignada refleja que Honduras mantiene avances en materia penal frente al crimen organizado, pero aún carece de las condiciones integrales requeridas para subir al Nivel 1, reservado a los Estados que cumplen totalmente con la legislación norteamericana en la materia.
Avances judiciales en materia de trata de personas
Durante el periodo evaluado correspondiente a 2024, el sistema judicial hondureño intensificó las causas penales contra sospechosos de cometer este delito. En ese lapso se iniciaron 42 investigaciones formales, se procesó a 69 presuntos involucrados y se consiguieron 30 sentencias condenatorias, lo que representa un incremento respecto a las 21 condenas logradas el año precedente. La mayoría de estos procesos se concentró en ilícitos de explotación sexual, aunque también se documentaron investigaciones y penas relativas a trabajo forzoso.
A nivel institucional, el informe destacó la adopción de tres protocolos locales destinados a la detección y auxilio de sobrevivientes, al igual que instancias de diálogo con víctimas para actualizar el marco normativo nacional. Asimismo, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas dispuso de un presupuesto de 40 millones de lempiras, equivalentes a cerca de 1,58 millones de dólares, destinados a solventar programas preventivos y de contención humanitaria.
Limitaciones territoriales y desprotección de víctimas
A pesar de los avances descritos, el reporte estadounidense remarcó serias carencias que limitan la eficacia del Estado hondureño. La detección de personas vulneradas registró un descenso notable, pasando de 95 identificadas en 2023 a 49 durante 2024. Entre estos últimos casos figuraron 42 víctimas de índole sexual, cinco por explotación laboral, una bajo modalidad no especificada y un menor forzado a participar en actividades criminales. El documento subrayó que no se acreditó la entrega de asistencia integral a la totalidad de los afectados reconocidos.
Otro aspecto crítico radica en la fuerte concentración geográfica de los recursos operativos y ministeriales. Las fiscalías y brigadas policiales especializadas funcionan primordialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que deja desprovistas a las zonas rurales. A esto se añade que la infraestructura de albergues y refugios temporales no admite a hombres adultos, dejando sin alternativa residencial a víctimas masculinas.
Impacto migratorio y redes delictivas en Centroamérica
El panorama se complejiza con los diagnósticos de organismos multilaterales sobre la trata de personas en la región. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calificó a Honduras como punto de origen, tránsito y destino de seres humanos captados por bandas criminales. A su vez, datos de la Organización Internacional para las Migraciones revelaron que más de 360.000 personas en situación irregular transitaron por territorio hondureño en 2024, una corriente masiva que dispara los riesgos de captación ilícita mediante engaños laborales o fraudes afectivos.
Datos clave
- Honduras permanece en el Nivel 2 del informe del Departamento de Estado de EE.UU. por demostrar esfuerzos significativos sin cumplir todos los parámetros mínimos.
- La justicia hondureña logró 30 condenas durante 2024 e investigó a 69 presuntos involucrados, elevando las cifras con respecto a las 21 del año anterior.
- Las víctimas identificadas cayeron a 49 en el último registro anual, frente a las 95 constatadas oficialmente durante 2023.
- La falta de refugios para hombres y la concentración de fiscalías en grandes urbes representan los mayores obstáculos para la protección integral.
