El traslado de Santiago Peña a la cárcel militar de Viñas Cué fue dispuesto este lunes por la Justicia paraguaya luego de comprobarse que gozaba de beneficios indebidos en el recinto donde cumplía reclusión preventiva. El exmandatario se encontraba alojado en el Regimiento Escolta Presidencial desde su arresto derivado de la crisis de Ueno Bank. La disposición judicial busca restablecer la igualdad procesal mientras avanza la causa por supuestos delitos económicos.
La determinación fue firmada por el juez penal de garantías Osmar Legal, quien asumió el expediente tras la inhibición del magistrado anterior. El juzgado solicitó a las autoridades del penal castrense que adopten todas las medidas de resguardo necesarias para preservar la integridad física del procesado. Asimismo, la sede judicial requirió un informe técnico pormenorizado sobre los protocolos de seguridad que regirán durante su permanencia en el establecimiento penitenciario.
Motivos que derivaron en el traslado de Santiago Peña
La modificación del sitio de reclusión se produjo de manera inmediata a la remoción del coronel José Dayub de la comandancia del Regimiento Escolta Presidencial. La orden de destitución fue emitida por Pedro Alliana, quien asumió la jefatura de Estado luego del juicio político parlamentario. El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que la medida administrativa respondió directamente a las denuncias públicas sobre comodidades no autorizadas en la dependencia militar.
La controversia tomó fuerza tras la difusión periodística de imágenes que mostraban aparatos de gimnasio montados en un área de reuniones del cuartel de seguridad. Si bien la conducción militar defendió inicialmente que el exjefe de Estado ocupaba una habitación regular con ventilador y climatizador, el Poder Ejecutivo intervino para suspender cualquier prerrogativa. Las autoridades señalaron que se garantizarán los derechos humanos fundamentales sin tolerar excepciones institucionales para los imputados.
La causa penal y el colapso financiero
El origen de las medidas cautelares se vincula a la debacle de la entidad privada Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de usuarios perjudicados y obligó a una intervención del Banco Central del Paraguay por insuficiencia de solvencia. Durante la presidencia de Peña, diversas cajas y entes públicos habían transferido fondos millonarios hacia dicha firma intervenida. El Ministerio Público sostiene la hipótesis de que existía una estrecha relación económica previa entre el exmandatario y los directivos del conglomerado financiero.
Por estos hechos, la fiscalía presentó cargos por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, investigación que suma a veintisiete personas procesadas. Tras perder su mandato en el Congreso Nacional por mal desempeño de funciones, el exmandatario fue recluido de forma preventiva para evitar interferencias probatorias y resguardar su seguridad ante protestas ciudadanas. En el marco de estas diligencias, rige plenamente el principio de presunción de inocencia para todos los sospechosos.
Cambios en el juzgado y situación procesal
El trámite judicial experimentó un giro significativo cuando el juez Humberto Otazú decidió apartarse formalmente de la tramitación de la causa. El magistrado argumentó razones de índole familiar vinculadas con Marco Aurelio González, exdirectivo de la banca matriz que también figura como imputado en el expediente. Debido a esta inhibitoria, el caso pasó al despacho de Osmar Legal, quien dictó las nuevas directivas penitenciarias.
Con esta resolución, el operativo para el traslado de Santiago Peña hacia la prisión de Viñas Cué se activó con custodia reforzada. La defensa legal del expresidente optó por no emitir declaraciones sobre la reubicación ni sobre el avance de las pesquisas. En las próximas semanas continuarán las pericias técnicas para determinar la trazabilidad de los fondos públicos comprometidos en las operaciones bancarias bajo sospecha.
Datos clave
- El juez penal Osmar Legal ordenó trasladar al expresidente a la prisión militar de Viñas Cué tras denuncias de privilegios irregulares.
- El presidente Pedro Alliana destituyó al comandante del Regimiento Escolta Presidencial luego de confirmarse la presencia de máquinas de ejercicio en el recinto.
- La causa investiga delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal tras la caída de Ueno Bank.






